En el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados (BOCD) de 23 de Junio de 2005.- Serie D. Núm. 227, pág. 328 figura la siguiente pregunta al Gobierno referida a las empresas familiares que se extrae literal:“Don Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Va a emprender el Gobierno algunas reformas legislativas en el ámbito civil, mercantil y fiscal que faciliten la creación, mantenimiento y continuidad de las empresas familiares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2005.-Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.”

Publicado en la revista El Notario de Julio/Agosto de 2005

No es nada nuevo afirmar que en España hoy la empresa familiar está de moda, sin duda, en justo reconocimiento a su importancia capital en la economía. Quizá por ello, estamos asistiendo a una tendencia regularizadora que ha llevado a que se proponga, y parece que se podría aprobar próximamente, la admisión del registro del Protocolo Familiar con carácter voluntario. 

La prudencia obliga a esperar hasta el estudio a fondo de la propuesta legislativa, pero es sorprendente que precisamente quienes más favorablemente han acogido esta medida no sean los empresarios. Ya sabemos la importancia de la legitimación que requiere cualquier norma jurídica para su implementación. 

Y el problema está en entrar a regular campos que no necesitan ser regulados. El Protocolo Familiar es un proceso que lleva a un documento: es la concreción de un diálogo de buena fe en el que la familia ha puesto muchos esfuerzos, y sobre todo emociones. ¿Creen Vds. que las emociones familiares deben estar recogidas en un Registro? ¿Se calificarán? ¿A quién le interesan los pactos privados de las familias? 

En mi opinión, si el Registro del Protocolo incluye todos estos aspectos, evitará que los miembros de la familia se abran en sus cuestiones privadas, limitando los temas que deben tratarse en el mismo o que directamente las familias no acudan al Registro (reconociendo que alguna parte del Protocolo Familiar, como las cuestiones societarias que pueden afectar a terceros, ya se inscriben sin mayores dificultades). 

Además restringiría la autonomía de la voluntad de las partes, su adaptabilidad a la realidad cambiante de las familias propietarias, añadiría complejidad y coste, en definitiva, impediría la autorregulación tras un diálogo en buena fe, y ése es el motivo esencial para realizar un Protocolo Familiar. 

Porque cuando una familia empresarial hace un Protocolo Familiar está invirtiendo en sentar sus bases de armonía para el futuro, tratando de poner en marcha los mecanismos y sistemas para que las diferencias, que las hay en todas la familias, se solucionen dentro, ya que todos los miembros de la familia deben haber asumido y legitimado previamente las normas que se han dado. ¿Conocen algún caso en el que para resolver las diferencias se haya utilizado la coerción de la Ley? ¿Qué ha quedado de la empresa y de la familia? Probablemente nada. 

Por eso la libertad y la autorregulación deberían ser los principios inspiradores de la legislación sobre la empresa familiar en España. Y en esta línea, algunas de las reformas relevantes que deberían acometerse, todas tendentes a ampliar estos valores, son: la reforma en el derecho civil común aceptándose los pactos sucesorios, el desarrollo de la figura del fideicomiso inter vivos, y por último, flexibilizar el sistema de legítimas. 

De existir un sistema regulatorio amplio, cada familia elegiría aquel camino que le fuera más útil para mantener vivo el Protocolo Familiar. La escritura pública podría ser en mi opinión, un medio suficientemente adecuado para que el notario supervise los posibles inconvenientes, sobre todo en la esfera civil, siempre que la familia requiera sus servicios. 

Si para la inscripción registral del Protocolo Familiar queda el argumento de buscar su obligatoriedad jurídica, la figura que tenemos que utilizar en nuestro derecho civil ya existe en los derechos forales: el pacto sucesorio. Porque aunque el Protocolo Familiar abarca mucho más, en esencia es un pacto sucesorio. Éste sí sería un avance de calado para las empresas familiares españolas, ¿por qué no hacerlo?.

Antonio Barderas Nieto

Director

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF

Publicado en el diario Expansión el 14 de febrero de 2006

Ya abierto el período de información pública sobre el Proyecto de Real Decreto regulador de la publicidad de los protocolos familiares, nos encontramos ante una situación muy similar a la que se describía en estas mismas páginas hace un año aproximadamente. Aquel artículo llamaba la atención de manera somera sobre varias cosas, entre ellas, la dudosa utilidad de otorgarle publicidad registral a esta figura (pues restringiría de facto la libertad de las familias para autoregularse) o los intereses comerciales de grupos de profesionales en torno a la misma. 

El actual proyecto de Real Decreto tiene algunas cuestiones que no se deben pasar por alto. En esencia, la cuestionable utilidad que otorga a un tercero el conocimiento de un conjunto de pactos que, por su propia definición, busca efectos internos y privados. 

Puestos a legislar, es obviamente menos dañino el carácter voluntario de la publicidad, así como la condición, si es inevitable, de mera publicidad noticia de su acceso al registro. Pero mayores reservas merece, en cambio, establecer que algunos aspectos del pacto sean objeto de inscripción propiamente dicha. El principio de numerus clausus del objeto de la inscripción, unido al de su obligatoriedad, suscitan algunas incertidumbres a la vista de la normativa proyectada. Cuando de inscripciones en sentido estricto se trata, resulta muy dudoso que pueda ser cierto el “carácter voluntario” que preside la regulación, según su exposición de motivos. Por ser muy concreto, la voluntariedad de la inscripción es sólo parcial. 

El proyecto otorga legitimación para la inscripción del Protocolo Familiar al órgano de administración. Resulta discutible que el administrador de una sociedad esté legitimado para hacer públicos los pactos de los socios, o de las personas que lo son de otras sociedad pertenecientes al mismo grupo, que pueden legítimamente no desear que el acuerdo se someta a esta publicidad indiscriminada. De persistir esta regulación, se debería someter a la autorización de todas las partes firmantes, no sólo del órgano de administración.

Por ejemplo, el artículo 4 del proyecto dice que: “Mediante inscripción podrán constar en el Registro Mercantil las cláusulas inscribibles contenidas en escritura pública, en ejecución de protocolo familiar y con mención expresa del mismo, que deben reunir los requisitos que exige la legislación vigente para su inscripción”. El primer inciso parece alterar el principio de inscripción obligatoria consagrado en el Código de Comercio y en el Reglamento del Registro Mercantil. La legislación vigente parte de esta obligatoriedad. Si la norma registral indica que un acto o contrato “puede” inscribirse, en nuestro sistema, está ordenando que tal acto, si existe, debe inscribirse, es decir, lo inscribible debe ser inscrito, con independencia o no de que exista un protocolo familiar. 

Por eso la libertad y la autorregulación deberían ser los principios inspiradores de la legislación sobre la empresa familiar en España. Y en esta línea, algunas de las reformas relevantes que deberían acometerse, todas tendentes a ampliar estos valores, son esencialmente: la reforma en el derecho civil común aceptándose los pactos sucesorios, la flexibilización del sistema de legítimas, y por último, el desarrollo de la figura del fideicomiso inter vivos. 

Con estas medidas que se pretenden introducir podríamos asistir a la más que posible desnaturalización del Protocolo familiar y, probablemente, al fomento de la creación de un Protocolo oficial y otro oficioso. Por ello, repetimos que desde la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar somos contrarios a la publicidad registral del Protocolo. ¿Está el legislador convencido de que existe una demanda por parte de la empresa familiar española para cambiar las cosas? Nosotros, desde luego, no la vemos en absoluto. ¿Para qué legislar por legislar? If it ain’t broken, don’t fix it!.

Antonio Barderas Nieto

Director

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF

Publicado en Expansión, 7 de marzo de 2006

Expansión publicaba recientemente una interesante entrevista con el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, en la que éste decía: “La mayor parte de los políticos se declaran liberales pero en la práctica muy pocos de ellos lo son. Es muy difícil para cualquier persona hacer lo que predica y más si uno es un político”. 

En AMEF tenemos como norma defender los intereses de nuestros socios abiertamente y con firmeza sin los “bien quedas” políticamente correctos tan habituales en nuestro país. Pero como lo cortés no quita lo valiente, hoy toca aplaudir públicamente la valentía y coherencia con sus convicciones liberales de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con el apoyo imprescindible de su Consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, al eliminar los Impuestos de Sucesiones y Donaciones. Sin duda se han dado cuenta de una receta bien sencilla que nosotros compartimos: en la medida que los tributos son razonables los agentes económicos están dispuestos a invertir y a arriesgar; en la medida que no lo son la actividad se congela. Metafóricamente, las Administraciones ingresan vía impuestos si la rueda gira; si por culpa de impuestos excesivos la rueda se para, dejan de ingresar. 

Tras la paulatina eliminación del Impuesto de Sucesiones de padres a hijos y entre cónyuges en esta legislatura, que se llevará a término en 2007, ya han implementado la extensión de esta “supresión” a Donaciones (sabiendo las implicaciones que conlleva la donación en el IRPF del donante, aspecto donde actualmente la Comunidad de Madrid no tiene competencias). Así, no sólo todos los ciudadanos de Madrid pagaremos menos impuestos, sino que nuestra región se convertirá en un imán que atraerá empresas que nos proporcionarán puestos de trabajo y riqueza. Se puede afirmar que en este ámbito Madrid se está convirtiendo en una referencia no sólo respecto al resto de autonomías del régimen común en España, sino poco a poco también a nivel mundial. 

En AMEF hemos realizado varios estudios al respecto y hemos dedicado muchas horas de trabajo a esta cuestión. Con base en ello, nos atrevemos a pronosticar que estas medidas atraerán empresarios a nuestra Comunidad, reducirán el paro en la región de forma perceptible, aumentarán la renta per cápita regional y, en el medio plazo, aumentarán también los ingresos fiscales de la Administración autonómica. Creemos que, por encima de las obligadas escaramuzas políticas de cortísimo plazo y escasa relevancia, los dos principales partidos de la región son suficientemente serios y responsables como para comprender que estos pasos benefician al interés general y aumentan la competitividad de la región, preocupación que, nos consta, comparten. Unamos dos datos adicionales: primero, aproximadamente el 65% del superávit de la Seguridad Social en 2005 se ha generado en la Comunidad de Madrid (y, por cierto, sin reivindicaciones, ni protestas, ni aspavientos, ni chiquilladas). Segundo, según datos de la OCDE, los empresarios españoles son, de lejos, los más solidarios de Europa, financiando el 53% del coste de la protección social de los ciudadanos, frente a la media europea del 39%. Las Administraciones sólo financian el 27% de dicha protección social, frente a una media del 36% en la UE 15. El empresario paga sus impuestos. El empresario financia la protección social de los ciudadanos. Y sólo el empresario crea puestos de trabajo. Cuantos más empresarios tengamos en Madrid, mejor: más ingresos tributarios, más cobertura social, más empleo, más riqueza. Vamos por buen camino. 

Por ello resulta por completo incoherente que en la consecución de un Madrid que ya es faro de modernidad impositiva en algunos campos se siga manteniendo el impuesto más hostil al ahorro, más anticuado y anacrónico que tenemos: el Impuesto sobre el Patrimonio. Ahora es posible acometer una reforma justa en este Impuesto obsoleto y disparatado, que sólo existe en cinco países de todo el mundo, que en Europa lo están aboliendo a marchas forzadas la izquierda y la derecha indistintamente y del que en España sufrimos los tipos impositivos más elevados del mundo, con un 2,5% de máximo. Nunca hay que dejar escapar la oportunidad de hacer las cosas cuando se pueden hacer y se está convencido de ello. En estas cuestiones está demostrado que el miedo a las reformas siempre supera a la realidad. Hablaremos con nuestra habitual contundencia de este tema pronto. Mientras tanto, enhorabuena, Presidenta.

Antonio Barderas Nieto

Director

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF

¿Qué les pasa a nuestros políticos con el Impuesto sobre el Patrimonio? Describamos primero el Impuesto. Después describiremos a nuestros políticos. El Impuesto sobre el Patrimonio, que en España recauda sólo un 0,4% del total de ingresos de las Administraciones, es una rareza en el mundo desarrollado. Sólo existe en cinco de los veinticinco países de la Unión Europea, y España tiene con gran diferencia los tipos más elevados, con un 2,5% de tipo máximo, castigando el ahorro y provocando la congelación de los patrimonios. Anacrónico y obsoleto, no ha sido actualizado desde 1977, cuando nació como impuesto censal y no recaudatorio, estando los tipos de interés en el 18%; si tan sólo se adecuara a los tipos de interés actuales, el tipo máximo pasaría del 2,5% al 0,4%. ¡Al 0,4%! Internacionalmente, varios países europeos lo han abolido, como Alemania, con el apoyo de los socialistas, que allí, al parecer, no son del s.XIX. El Senado francés ha concluido recientemente que el Impuesto del Patrimonio, con un tipo máximo allí del 1,8%, es insostenible y dañino para el sistema.

Describamos ahora a nuestros políticos. Primero, los del PSOE. El programa electoral del PSOE para las últimas elecciones decía textualmente que el Impuesto sobre el Patrimonio se simplificaría “con el establecimiento de un tipo único, que guardará consonancia con una rentabilidad real razonable del patrimonio y con el tipo máximo del IRPF”. ¿Estaban mintiendo, una vez más, al millón de votantes que sufren este injusto impuesto? Y nuestro Presidente del Gobierno diciendo hace poco: “Vamos a cumplir”. ¿En serio? Porque no sólo no han rebajado el impuesto y establecido un tipo único, sino que la reformita que acaba de proponer su Gobierno incluye que las plusvalías, que pagaban antes el 15%, paguen ahora hasta un 60% de impuestos en virtud del límite conjunto. ¡Y dicen que esta reformita baja los impuestos! Vaya tomadura de pelo para este millón de votantes. Y hace unos meses, cuando PP, CIU y PNV propusieron rebajar el tipo máximo al 1,5% (¡qué esfuerzo, señorías!), el PSOE se opuso. Muy coherente con su propio programa. Vamos ahora con los del PP. Desde AMEF tuvimos que protestar enérgicamente en el 2002, porque seis años después, y con mayoría absoluta, el PP se planteaba no tocar este impuesto, incumpliendo su programa electoral de 1996 (vean en nuestra web artículos publicados en este mismo diario en julio 2002). Modificaron finalmente el límite conjunto. Pedimos entonces reiteradamente que rebajaran los tipos para adecuarlos a la realidad actual. Nada hicieron. Traspasaron las competencias a las CCAA y se escudaron en eso. Con razón la diputada socialista Sra. Castillejo contestaba en su réplica al portavoz del PP cuando, como acabamos de comentar, el PP pedía recientemente reducir el tipo máximo al 1,5%: ¿Por qué no lo hicieron cuando tenían mayoría absoluta?. 

La Administración del Estado tiene competencias para modificar y abolir este Impuesto. Puede hacerlo y el coste sería un 85% menor que lo que costará el Estatuto de Cataluña, por poner un ejemplo. Pero se escudan en que es cosa de las CCAA. Entonces, ¿por qué las CCAA gobernadas por el PSOE no cumplen el programa electoral de su partido rebajando considerablemente el impuesto y estableciendo un tipo único? Entonces, ¿por qué las CCAA gobernadas por el PP no rebajan inmediatamente el tipo máximo al 1,5% para empezar a hablar? En Madrid, ¿es coherente y serio que Esperanza Aguirre no rebaje Patrimonio del 2,5% de tipo máximo cuando su propio partido, el PP, propone un 1,5%? ¿Es coherente y serio que Rafael Simancas no proponga un tipo único rebajado acorde con el entorno actual de tipos de interés cuando su propio partido, el PSOE, lo promete en las últimas elecciones generales? Juzguen ustedes. Desde luego, la independencia de AMEF nos permite exigir seriedad y coherencia a nuestros políticos. Ya está bien.

 

Antonio Barderas Nieto

Director

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF

En Madrid el Impuesto sobre el Patrimonio se acaba. En su discurso de investidura, Esperanza Aguirre ha dicho que va a estudiar detenidamente la utilidad real del impuesto, al que tildó de anacrónico y de obstáculo para el ahorro, la creación de empleo y la inversión. Han tenido que ocurrir muchas cosas y transcurrir muchos años para oír esto, con tal claridad, de labios de un político en activo y con responsabilidades de gobierno, y encima del PP. Hemos tenido que quedarnos solos en el mundo, con la triste compañía de Francia, en el mantenimiento de este impuesto; el PSOE ha tenido que prometer (y por ahora incumplir) en el programa electoral con que concurrió a las últimas elecciones generales, una reducción radical de este impuesto con el establecimiento de un tipo único acorde a la rentabilidad real de los patrimonios; el Senado francés ha tenido que reconocer que este impuesto es insostenible en nuestros días y que produce daños a la riqueza nacional; en España, los expertos hacendistas, los notarios y diversas asociaciones han tenido que clamar por su abolición. Y por fin, ha tenido que llegar un político diferente. La Presidenta de la Comunidad de Madrid se ha manifestado con la misma rotundidad con la que ha ganado las últimas elecciones autonómicas. Por ello, debemos felicitarle y felicitarnos. Sin embargo, no entendemos lo del “detenido estudio”. Porque detenidos, es decir, completamente parados, es como llevamos en España treinta años con este injusto y obsoleto impuesto, con la falsa, vieja  y usada lista de miedos del “hay que esperar”, del “ahora no es el momento”; detenidos es como han estado los tipos de gravamen con un máximo del 2,5% mientras la rentabilidad de los bonos del Tesoro bajaba del 18% a menos del 4%; detenida es como ha estado la escala de gravamen mientras la inflación multiplicaba por cuatro la tributación real efectiva. Detenida, es decir, completamente parada, es como ha estado España mientras Austria, Luxemburgo, Alemania, Holanda, Dinamarca y Suecia (¡Suecia!) le adelantaban por la izquierda aboliendo del tirón este impuesto tan anacrónico y dejándonos como uno de los dos últimos anticuados países del mundo que lo mantienen. En nuestra opinión, no necesitamos estudios, sino acción. ¿Qué más estudios necesitamos? ¡Si ya sabemos todo del Impuesto del Patrimonio! ¡Si nos hemos quedado solos en el mundo con él! Sabemos que éste fue un impuesto cuya principal razón para su introducción era que estaba “de moda” en los años 70; sabemos que la arbitraria elección del tipo máximo del 2,5% fue exactamente un capricho político cuando los expertos hacendistas de entonces (con los tipos de interés al 18%) recomendaban no exceder el 0,5%; sabemos que una mera actualización de este impuesto llevaría a un tipo máximo del 0,32%. Sabemos que recauda poco y complica mucho, y que es un tremendo obstáculo para el ahorro y la acumulación de la riqueza nacional, motivo por el que todos los países del mundo lo han ido aboliendo en los últimos diez años. Sabemos que este impuesto congela patrimonios desincentivando la afloración de plusvalías (y por tanto reduciendo el potencial de ingresos en las arcas autonómicas vía IRPF), manteniendo los patrimonios a valores históricos y gravando de forma diferente patrimonios de cuantías idénticas pero composiciones distintas, vulnerando el principio de equidad e igualdad. Sabemos, por fin, que resulta confiscatorio para patrimonios medios con rentas bajas. Toda Europa y todo el mundo desarrollado se ha dado cuenta de lo perjudicial y anacrónico que es este impuesto y nosotros seguimos anclados en el pasado, perdiendo otro tren de competitividad. Afiance Madrid como faro impositivo de España; atraerá capital, patrimonio y sedes sociales; creará riqueza y empleo y aumentará la recaudación vía IRPF. Y Madrid será más la España moderna, la Europa moderna. Sra. Presidenta: está usted convencida de verdad, y los que la conocen dicen que actúa siempre según sus convicciones. Es momento de pasar de las palabras a los hechos. La oportunidad de actuar es ahora: en los primeros presupuestos de su legislatura.  

Antonio Barderas Nieto

Director

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF