El sueño inútil de un cambio de modelo

  • ANTONIO BARDERAS NIETO

El autor desmonta la falacia de que la recesión derivada de la pandemia del Covid-19 requiere un cambio radical del actual modelo económico.

Lea el texto completo en Expansión aquí.

Armonización fiscal contra el interés general

EditorialLa LlaveSábado 22 febrero 20202ExpansiónE l Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero pretende llevar a cabo una armonización fiscal al alza en todo el territorio español que supone un golpe a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, especialmente la de aquellas que, como Madrid, han optado por rebajar la presión fiscal a sus ciudadanos con el fin de impulsar la actividad. Lo paradójico es que la ministra no quiere que esa armonización vaya encaminada a adoptar el modelo que mejor funciona, sino todo lo contrario. Como responsable de la Hacienda andaluza, Montero provocó que los altos impuestos que impuso a los andaluces redujeran la competitividad y penalizaran la capacidad de crecimiento de esa comunidad autónoma, lo que se tradujo en menor recaudación y en una pérdida de convergencia respecto al resto de España. Sin embargo, el modelo de menor presión fiscal impulsado por la Comunidad de Madrid ha demostrado que no sólo no recauda menos, sino todo lo contrario debido al incremento de la actividad que se genera. Madrid es la prueba evidente de que con menos presión fiscal sobre los ciudadanos y las empresas se puede recaudar más y, por tanto, financiar mejores servicios públicos. Por razones que están evidentemente más cerca de la ideología que de los resultados, Hacienda quiere que el modelo que se extienda a todos las comunidades sea el menos eficiente. Bajo esta decisión subyace la sospecha de que el Gobierno pueda estar utilizando la política fiscal para plantear batallas políticas, queriendo penalizar a aquellas comunidades autónomas que no están en su órbita ideológica, al mismo tiempo que premia a las gobernadas por sus socios parlamentarios, por ejemplo con la cesión al País Vasco de las competencias sobre prisiones o de la gestión económica de las pensiones, que los letrados de la Seguridad Social temen que rompan la caja única y la solidaridad del sistema, por más que el Ejecutivo socialcomunista trate de negarlo. Montero y los barones socialistas han venido acusando a Madrid de practicar dumping fiscal y pretenden ahora intervenir de alguna manera en la sala de máquinas de la economía regional que mejor funciona en España, tanto en términos de creación de empresas como de empleo. Esta absurda e ineficiente intrusión fiscal, que choca de bruces con el federalismo que predica el PSOE, no saldría gratis para el conjunto del país, como alertaron ayer los empresarios. En una economía abierta y global, generalizar en todas las regiones una fiscalidad que penaliza el crecimiento, la inversión y el desarrollo es el camino más corto para la deslocalización de actividades hacia otros países de nuestro entorno que, como Portugal, se han dado cuenta de que la ideología no es buena si no sirve al interés general.

Cuadro Impuesto Patrimonio UE 27 Año 2020

El Impuesto sobre el Patrimonio es una anomalía española, ya que es el único país de la UE que lo mantiene, después de que Francia lo eliminara en 2018. Lo curioso es que fue el propio Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quien lo eliminó en 2008 precisamente por considerarlo anacrónico y fue el mismo Gobierno el que lo recuperó ‘in extremis’ en 2011, cuando ya había convocado elecciones, ante la caída en picado de la economía y las presiones de los mercados. El anuncio se produjo en el momento en el que Zapatero negociaba con el PP la reforma de la Constitución para embridar el déficit. Todos los gobiernos han prorrogado desde entonces un impuesto que recauda 1.000 millones.

650.000 españoles ignorados por el IRPF

Publicado en el diario Expansión del 3 de julio de 2002

«La reforma contenida en las propuestas de este Informe supone una reducción de la carga fiscal para todos sin excepción». Esto concluye el Informe de la Comisión Lagares, documento base del actual proyecto de reforma fiscal. Pues bien: sencillamente, no es cierto. Cerca de 650.000 españoles van a ser ignorados, de nuevo, por la reforma fiscal del Gobierno. Estos españoles son aquellos que pagan un 70% de impuestos sobre sus rentas de trabajo, frente al máximo del 45% que van a pagar sus conciudadanos, y otro 70% de impuestos sobre sus ganancias de capital, frente al 15% que pagarán los demás. Son 650.000 españoles quienes nueve de los doces meses del año trabajan exclusivamente para pagar sus impuestos a Hacienda. La causa es bien conocida: el viejo y anticuado Impuesto sobre el Patrimonio, cuyo gravamen conjunto con el IRPF lleva a que el tipo marginal efectivo en España sea el 70% o más. 

Un millón de españoles (los famosos «cuatro gatos») pagan una media de casi 1.000 euros de Impuesto sobre el Patrimonio cada año; según datos del propio Ministerio de Hacienda, para dos de cada tres de ellos, esto implica pagar al menos un 70% de IRPF. Desde países mucho más avanzados que el nuestro se observa con extrañeza el mantenimiento de un impuesto anticuado, absurdo, obsoleto e injusto mientras tenemos pretensiones de liderazgo y modernidad fiscal en otras áreas. La mera existencia del Impuesto sobre el Patrimonio y del desorbitado límite conjunto muestran que en muchos aspectos seguimos siendo un país fiscalmente atrasado y acomplejado, y que nuestra complacencia sólo puede conducirnos a permanecer estancados mientras los países más dinámicos de nuestro entorno nos dejan atrás. Por ejemplo, Alemania, Holanda, Austria y Dinamarca han abolido el Impuesto sobre el Patrimonio en los últimos años, al darse cuenta que era ridículo tener un impuesto que, con escasísima finalidad recaudatoria, directamente penaliza a aquellos que más ahorran. De los quince países de la Unión Europea, diez no tienen Impuesto sobre el Patrimonio, incluyendo Italia, Reino Unido o Alemania. 

Dentro de estos 650.000 españoles abandonados por el Gobierno hay personas cuyo esfuerzo, dedicación y trabajo duro les ha permitido conseguir un patrimonio importante, imprudencia que en este país se suele perseguir con dureza. Pero también hay muchas personas cuyo problema es la insuficiencia de rentas para poder hacer frente al gravamen sobre su patrimonio aunque éste no sea ni mucho menos elevado, tales como amas de casa, jubilados, etcétera. 

Un gravamen del 70% sobre lo que ganamos no sólo es confiscatorio: es un abuso, una extralimitación de las funciones recaudatorias de cualquier Gobierno moderno y serio del siglo XXI. Introducido hace ya 25 años (¡qué modernos somos!) cuando el máximo tipo marginal de la renta era del 65%, su modificación debería ser en justicia prioritaria cuando ese mismo tipo será del 45%. El Gobierno central, a pesar de las recientes transferencias competenciales a las CCAA, tiene competencias plenas en el límite conjunto de IRPF y Patrimonio. La reforma de mínimos que debería incluirse en la reforma fiscal podría ser la siguiente:

  1. Reducir el límite conjunto al cincuenta por ciento.
  2. Referenciar dicho límite a la parte general de la base imponible, para permitir que las ganancias patrimoniales superiores al año sean efectivamente gravadas al 15%;
  3. Eliminar la obligación de pagar una cuota mínima del Impuesto sobre el Patrimonio, para que jamás pueda superarse el límite absoluto del 50%.

Si es usted uno de estos 650.000 ciudadanos ignorados por el Gobierno, acuérdese cuando marque la casilla correspondiente en la declaración del IRPF: al Gobierno le parece sensacional que usted pague el 70%. Pero aún hay más. Recuerde que el Programa Electoral del PP de 1996 prometía revisar el límite conjunto de IRPF y Patrimonio; recuérdelo y tome buena nota: promesa incumplida. Por segunda vez. Con mayoría absoluta. 

Confiemos en que el Gobierno incluya finalmente la reforma del límite conjunto en su nuevo modelo fiscal. Es una causa justa. Y demostraría así que sabe cumplir lo que promete.

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar