Publicado en el diario Expansión del 3 de enero de 2003

Los consejeros independientes están de moda; los dominicales, por el contrario, no. A los primeros les acompaña un halo de pulcritud y ecuanimidad, mientras que a los segundos les persigue una permanente sombra de sospecha. ¿Resulta adecuada esta etiqueta que ha colocado a unos en primera división y a otros en segunda B? ¿Es justa? 

En la mayor parte de los países occidentales los miembros del Consejo de Administración  pueden ser de dos tipos, internos o externos, en función de si pertenecen o no al equipo directivo de la compañía. En España se introdujo en su momento una complejidad adicional por la que los consejeros externos se catalogaron a su vez en independientes y dominicales, los primeros supuestamente defendiendo los intereses de los accionistas minoritarios y los segundos haciendo lo propio con sus intereses como accionistas significativos. De este modo, se enfrentaron tácitamente y de forma artificial los intereses de ambos, cuando la realidad es que comparten un mismo objetivo esencial: incrementar el valor de su participación en la empresa. 

Siempre que se habla de consejeros dominicales se mencionan potenciales conflictos de interés. como si estos fueran patrimonio único de este tipo de consejeros. ¿Qué ocurre cuando un consejero –dominical, independiente o ejecutivo- tiene relaciones con la empresa como cliente, competidor o proveedor? En primer lugar, esa relación debe ser económicamente mucho más importante que la propia participación accionarial en la empresa para que pueda ser potencialmente perjudicial para la compañía. En segundo lugar, la transparencia suele limitar sustancialmente esa posibilidad. En mi opinión, en la mayor parte de las empresas las deficiencias de gobierno corporativo se concentran en otras cuestiones de muy distinta naturaleza, como por ejemplo la indefinición del papel del Consejo, la insuficiente información relevante recibida por los consejeros e insuficiente debate de estas cuestiones relevantes, los consejeros dependientes de quien les nombra y el temor a expresar abiertamente las opiniones, especialmente cuando puedan ser contrarias a la mayoría. 

La clave del consejero externo es su independencia del equipo gestor. Sin embargo, en nuestro país se ha considerado virtud ser además independiente de los accionistas significativos (lo que ha llevado a algunos al extremo de pedir que se vulnere la ley universal de las mayorías, base de la democracia, pidiendo que aunque haya accionistas mayoritarios, la minoría decida). En realidad, el consejero dominical generalmente reúne importantes cualidades. Puede sentarse en el Consejo de Administración por derecho propio; tiene como objetivo evidente defender y acrecentar el valor de su participación en el capital de la empresa y, por extensión, el de todos los demás accionistas; dota de estabilidad a la compañía sirviendo de apoyo fundamental al equipo directivo en la implementación de una estrategia a largo plazo; y a fin de cuentas, ¿quién puede representar mejor los intereses de los accionistas sino el representante directo de uno de ellos? En el caso de las empresas familiares, además, los consejeros dominicales representan a accionistas que tienen un compromiso extraordinario y permanente con la empresa, con sus clientes y empleados, y con la comunidad a la que sirven. Por cierto, a principios del año 2002 un estudio publicado en este mismo periódico mostraba que de las tres empresas del Ibex-35 con mejores prácticas de buen gobierno, dos eran empresas familiares. 

Los accionistas significativos deben tener una representación en el Consejo de Administración limitada en todo caso a la proporción de su participación en la compañía. Estos accionistas, que se juegan su dinero, velarán para que sus participaciones (y consecuentemente las de todos los accionistas) incrementen su valor a largo plazo, y esta motivación será suficientemente poderosa, no lo duden, para asegurar la cualificación e independencia de criterio de sus representantes en el Consejo. 

Santiago Eguidazu, en su magnífico libro Creación de Valor y Gobierno de la Empresa en España, concluye lo siguiente: “El mejor consejero independiente es, en mi opinión, aquel que tiene o representa un interés accionarial en la sociedad (…). Parece, en consecuencia, que la nueva clase de consejeros a promocionar no debiera ser sólo el independiente de reconocido prestigio sino, sobre todo, el dominical-independiente cuyo exclusivo interés sea maximizar la creación de valor de la sociedad (y consecuentemente de su participación en la misma)”. 

Por lo tanto, en un Consejo equilibrado quizá deberíamos hablar de tres tipos de consejeros, todos ellos de primera división: independientes dominicales, independientes no dominicales y ejecutivos. Parece una clasificación más acorde con la realidad y más justa. Si aún no están convencidos, aquí les dejo un ejemplo: Warren Buffett es consejero dominical en Coca-Cola y en Gillette. Pregúntenle si se considera independiente.

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

Publicado en el diario Expansión del 2 de diciembre de 2003

El Impuesto sobre el Patrimonio se estableció en 1977 con un carácter excepcional, transitorio y de control para que actuara como fuente de valoración e información unánime para todo el sistema tributario. El texto final ha acabado estableciendo un tipo máximo del 2,5%, en un entorno de tipos de interés que entonces se situaba en el 18% y una inflación muy próxima al 20%. Repetiremos hasta la saciedad que una mera puesta al día de este impuesto, adecuándolo al entorno euro de tipos de interés, nos llevaría a un máximo inferior al 0,3% y a un mínimo del 0,1% con bases en cada tramo cinco veces superiores a las actuales. ¿Cómo justifican nuestros legisladores el disparate de mantener un tipo impositivo máximo del 2,5% sobre el patrimonio con los tipos de interés al 2% y la inflación cerca del 3%? 

Es éste un impuesto abusivo e injusto en muchos aspectos, lo que hace deseable no su puesta al día, sino su abolición. De este modo, dejaríamos de estar atrasados respecto a los países más desarrollados de la Unión Europea y de la OCDE, en los que no existe Impuesto sobre el Patrimonio. 

El tratamiento de los bienes inmuebles es un ejemplo más de este abuso y de ésta injusticia: la Ley vigente establece una fórmula para la valoración de los inmuebles por el mayor de entre el valor catastral, el valor comprobado por la Administración a efectos de otros impuestos y el valor de adquisición o contraprestación. El contribuyente se enfrenta a una inseguridad jurídica muy alta. 

Este tratamiento a los bienes inmuebles permite plantear serias dudas de constitucionalidad al no respetar el principio de igualdad ante la ley. Primero, porque son situaciones comparables, dado que bienes inmuebles idénticos están sujetos a un trato desigual en función del número de transmisiones que hayan sufrido; segundo, porque probablemente también entraría en colisión con el principio de capacidad económica; y  porque no se justifica que existan tres criterios de valoración diferentes en los bienes inmuebles. 

La inadecuada valoración de los bienes inmuebles en el Impuesto sobre el Patrimonio en Alemania llevó a su Tribunal Constitucional a exigir al Gobierno la revisión de este impuesto en el año 1995. No sólo lo abolió el CDU (centro-derecha) en 1997, sino que en 1999 el SPD (socialdemócrata) se opuso a su reintroducción por considerarlo injusto, arbitrario y desincentivador del ahorro, por ser irrelevante su capacidad recaudatoria y por considerar que la Hacienda Pública ya disponía de sistemas de control muy eficientes. 

Parece que estas condiciones también se dan en la España de hoy. Entonces, ¿por qué no ajustarnos al tiempo y entorno en el que vivimos?

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

Publicado en el diario Expansión del 21 de octubre de 2003

España continúa estando a la cola del mundo desarrollado al mantener el Impuesto sobre el Patrimonio. Este anticuado e injusto impuesto es una rareza y allí donde existe está siendo abolido a marchas forzadas. Por ejemplo, en Europa ha sido abolido por cuatro países (incluyendo Alemania) en los últimos cinco años. A finales del 2002, AMEF publicó un estudio en el que se constataba la penosa situación de España en la UE respecto al Impuesto de Sucesiones e Impuesto sobre el Patrimonio. En nuestro país parecía que estábamos en una situación idónea. Como pudo verse, nada más lejos de la realidad: España se situaba en el último lugar de Europa en el tratamiento general de ambos impuestos. Pues bien, esta misma Europa cambiará para siempre dentro de seis meses con la incorporación de diez nuevos países. La Europa de los 15 pasará a ser la Europa de los 25 y a contar con cerca de 460 millones de habitantes. La mayor parte de las incorporaciones provienen del afortunadamente extinto Telón de Acero. Silenciadas durante medio siglo, son naciones que vienen con hambre de bienestar y de reconocimiento de su identidad y lugar en la Historia. Pero no hay que olvidar que provienen de regímenes comunistas. Por eso, en AMEF consideramos imprescindible conocer la realidad de estos países en cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio. ¿Cómo cambiaría el cuadro comparativo de Europa? Aquí lo tienen. Tan sólo cinco de los veinticinco países de la Unión Europea tienen este impuesto y de ellos España es el que sigue sufriendo los tipos más elevados. Mantenemos un tipo máximo de gravamen del 2,5% con unos tipos de interés del 2% y una inflación del 3%. Si esto no es confiscar, esto es, “privar a alguien de sus bienes y aplicarlos al fisco”¿qué es? Desde 1978 los tramos no se han actualizado con la inflación, multiplicando por cuatro el gravamen en términos reales. Seguimos gravando un patrimonio cuya fuente ya ha sido gravada con tipos de hasta el 45%, congelando de este modo el ahorro y la actividad inversora y, desde luego, desalentando al ahorrador. Seguimos, en fin, sin entender que la riqueza de un país no es más que la suma de la riqueza de sus ciudadanos. Rodrigo Rato, en julio de 1994, sí lo entendía: “…Tanto el Impuesto sobre el Patrimonio como el de Sucesiones y Donaciones son Impuestos con un criterio ideológico que no hay que ocultar (…) porque quizá podríamos despejar el debate político y económico si los ciudadanos supieran que esos impuestos no sirven para recaudar más (…). Si los españoles hemos tomado la decisión clara y rotunda de vivir en un Sistema de Economía de Libre Mercado (…), tenemos que comprender que es importante que haya un capitalismo nacional, y que haya una acumulación de éste.” ¿Entonces?

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

Publicado en el diario Expansión del 27 de julio de 2002.

El PP va camino de incumplir, de nuevo, la promesa que hizo en 1996 de revisar el límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Los 650.000 ciudadanos que confiaron en esta promesa para reducir una carga abusiva y confiscatoria que les supone pagar un 70% de su renta a Hacienda se van a hacer muchas preguntas. La primera probablemente sea: ¿qué excusa hay para incumplir una promesa electoral cuando se cuenta con mayoría absoluta?. 

Aportemos datos nuevos. De manera informal y desde hace tiempo, fuentes del PP dicen comprender la injusticia de la situación actual, pero argumentan dificultades de todo tipo para justificar su inacción. Es decir, el partido que gobierna con mayoría absoluta, el mismo que prometió revisar dicho límite en su programa electoral de 1996 y que afirma estar convencido de la necesidad de su reforma, no está dispuesto a proponerla. No sé si estarán esperando que lo proponga otro partido que ni tiene mayoría absoluta, ni lo prometió en su programa electoral ni, quizá, esté convencido.  En fin, dado que todo esto resulta muy extraño, algo falla. Busquemos más pistas para tratar de aclararnos. 

En 1998, Coalición Canaria presentó una enmienda (la número 209) a la Ley de Medidas Fiscales de entonces. Dicha enmienda proponía reducir del 70% al 60% el límite conjunto de IRPF y Patrimonio y referenciarlo a la parte general de la base imponible. La propuesta no incluía la imprescindible eliminación de la obligación de pagar un mínimo del 20% de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio, mínimo que provoca actualmente que el límite conjunto pierda su función de tope máximo de gravamen. Pues bien, a esta tímida pero racional propuesta de un partido serio como Coalición Canaria, el PP se opuso. Han leído bien: el PP votó en contra de reducir el límite conjunto. Ésta es la respuesta dada por el portavoz del Grupo Popular, tal y como recoge el Diario de Sesiones del Senado de 10 de diciembre de 1998: “(…) Lógicamente, la modificación, de haberse incorporado, debió hacerse en el Impuesto sobre la Renta y no en esta ley de medidas. Por tanto, le manifiesto nuestra oposición a esta inclusión”. Que este tema sea despachado con tanta superficialidad resulta muy ilustrativo. Pero ni siquiera la excusa formal está justificada. El artículo sobre el límite conjunto que corresponde modificar pertenece a la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, y no a la Ley del IRPF; por lo tanto, en ausencia de una modificación del Impuesto sobre el Patrimonio (que desde 1977 sólo ha pasado por el Parlamento una vez en 1991), la Ley de Medidas Fiscales era un instrumento idóneo para la reforma, tanto o más que la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Siguiente dato. Éste es un Gobierno fuerte que cuando está convencido de algo, lo hace. Por ejemplo, la reforma del desempleo. Los sindicatos, con el apoyo de la oposición, amenazan con una huelga general (¡huelga general!) si no se retira o negocia la reforma del desempleo. La amenaza se cumple. ¿Cómo responde el Gobierno? Con un decreto-ley. No creo que nadie tema una convocatoria de huelga general por retocar el anticuado y abusivo límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Sin embargo, se emplean los tan manidos y agotados argumentos del miedo político. Esta aparente pusilanimidad no se corresponde con la realidad de muchas actuaciones de este Gobierno en otros temas sobre los que sí está convencido. 

Recapitulemos. Primero, a pesar de manifestar en privado su comprensión con la injusta y confiscatoria situación de 650.000 españoles, el mismo partido que les prometió acabar con ella en 1996 a cambio de su voto no está dispuesto a cumplirlo en la actual reforma fiscal ahora que cuenta con mayoría absoluta. Segundo, la única ocasión en que la reducción del límite conjunto fue propuesta por “otros”, el PP votó en contra, con un pobre argumento formal que se descalifica a sí mismo. Tercero, cuando este Gobierno está convencido de algo, lo hace sin argüir miedos reales o ficticios. Quizá los más benevolentes necesiten un cuarto dato para convencerse; este cuarto dato sería que ni siquiera esta vez el PP modifique en profundidad el límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Si llega ese momento, dentro de unos pocos meses, mucho me temo que ni los más crédulos van a poder concluir otra cosa que la razón por la que el PP no reforma el límite conjunto es bien sencilla: le encanta que siga así. Le encanta que 650.000 españoles paguen un 70% o más de Impuesto sobre su Renta por pertenecer al millón de ciudadanos (de nuevo, los famosos “cuatro gatos”) que pagan un anacrónico Impuesto sobre el Patrimonio que no existe en diez de los quince países de la Unión Europea. Por último, y lo que es peor, le es completamente indiferente que quizá pueda haber 650.000 votantes que confiaron en su promesa hace ya seis años y que ven cómo ahora, con mayoría absoluta, no se cumple. En este caso, si es usted uno de ellos y cumplió su parte del trato en 1996, esto es, votar, tenga bien presente que la otra parte no ha cumplido. 

Si no se reforma el límite conjunto ahora, desde el punto de vista exclusivamente fiscal a 650.000 ciudadanos les resultará indiferente el Gobierno de José Mª Aznar o el de Felipe González: pagarán exactamente la misma barbaridad de impuestos; en este caso, dado que la bandera de la gestión del Gobierno es la reforma fiscal, ¿qué bandera hará ondear para estos 650.000 votantes tan injustamente tratados?

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

Artículo publicado en Expansión del 25 de Noviembre de 2004

Al parecer el Gobierno se plantea la posibilidad de rebajar el tipo máximo del Impuesto sobre el Patrimonio al 0,9% desde el 2,5% actual. Permítanme la ironía: la media en la Europa ampliada es del 0,18%, o sea que conseguiríamos tener un tipo tan sólo cinco veces superior al europeo. ¿Es esto una gran mejora? Es obvio que 0,9% en mejor que 2,5%, pero creemos que lo que debe hacer el Gobierno es abolir de una vez un impuesto obsoleto y confiscatorio que nos coloca, en esta materia, como el país más anticuado de Europa, donde no existe en 20 de los 25 países miembros. Cojamos perspectiva. En España el Gobierno nos quita el dinero por ganar, por gastar, por ahorrar y, aún insatisfecho, también por conservar lo que tenemos. Comienzan con ese gran impuesto encubierto que son las contribuciones a la Seguridad Social, por el que todos vemos (o mejor dicho, no vemos) nuestro sueldo reducido de un plumazo en más de un 30%; enseguida, sobre ese sueldo ya reducido, nos quitan hasta el 45% de lo que quede, mediante el IRPF; y enseguida nos quitan aún más de ese sueldo ya dos veces reducido, en función de a qué lo destinemos: si gastamos, nos lo quitan a través del IVA (16%) y de otros impuestos indirectos (70% en el caso de la gasolina); si no gastamos, nos lo quitan a través de la imposición del ahorro (desde un 15% hasta un 45%). Por último, el Gobierno nos quita nuestro dinero simplemente por conservar lo que tenemos (hasta un 2,5% de nuestro patrimonio al año). Con las Letras del Tesoro al 2,5%, el actual tipo máximo del Impuesto sobre el Patrimonio supone un impuesto sobre la renta teórico del 100%. Esto no es sólo injusto: es absurdo. Si el PSOE cumple su programa electoral de instaurar “un tipo único (…) que guardará consonancia con una rentabilidad real razonable del patrimonio”, tan solo una adecuación al actual entorno euro de tipos de interés llevaría al tipo máximo (cuyo origen es 1978) a un 0,3% hoy. Entonces, ¿qué es esto de reducirlo al 0,9%? ¿O es que sólo se cumple el programa si atrae el voto fácil? Pero es que además, en 1999, los socialistas alemanes estuvieron de acuerdo en abolir el Impuesto sobre el Patrimonio en aquel país, como hicieran antes Holanda, Dinamarca, Austria, etc. ¿Serán sus colegas españoles tan avanzados o seguiremos estando tan anticuados y acomplejados como siempre en nuestras ideas políticas? Cuando en Europa veinte de los veinticinco países que la componen no tienen o han abolido este impuesto, pretender que una tímida reducción de tipos es una medida avanzada no es creíble. Señores del Gobierno: tienen en su mano demostrar una actuación verdaderamente europea, seria, avanzada, y de calado que tanto economistas como notarios, registradores, abogados, empresarios y otros muchos sectores importantes vienen demandando por escrito desde hace años, sin que anteriores gobiernos hicieran nada al respecto. Afecta a un millón de votantes. Y es algo que en Europa ya se ha hecho. ¿Por qué no hacerlo ya en España?

Antonio Barderas Nieto

Director

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF