IRPF-Patrimonio: ¿el gobierno incumple?

Publicado en el diario Expansión del 27 de julio de 2002.

El PP va camino de incumplir, de nuevo, la promesa que hizo en 1996 de revisar el límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Los 650.000 ciudadanos que confiaron en esta promesa para reducir una carga abusiva y confiscatoria que les supone pagar un 70% de su renta a Hacienda se van a hacer muchas preguntas. La primera probablemente sea: ¿qué excusa hay para incumplir una promesa electoral cuando se cuenta con mayoría absoluta?. 

Aportemos datos nuevos. De manera informal y desde hace tiempo, fuentes del PP dicen comprender la injusticia de la situación actual, pero argumentan dificultades de todo tipo para justificar su inacción. Es decir, el partido que gobierna con mayoría absoluta, el mismo que prometió revisar dicho límite en su programa electoral de 1996 y que afirma estar convencido de la necesidad de su reforma, no está dispuesto a proponerla. No sé si estarán esperando que lo proponga otro partido que ni tiene mayoría absoluta, ni lo prometió en su programa electoral ni, quizá, esté convencido.  En fin, dado que todo esto resulta muy extraño, algo falla. Busquemos más pistas para tratar de aclararnos. 

En 1998, Coalición Canaria presentó una enmienda (la número 209) a la Ley de Medidas Fiscales de entonces. Dicha enmienda proponía reducir del 70% al 60% el límite conjunto de IRPF y Patrimonio y referenciarlo a la parte general de la base imponible. La propuesta no incluía la imprescindible eliminación de la obligación de pagar un mínimo del 20% de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio, mínimo que provoca actualmente que el límite conjunto pierda su función de tope máximo de gravamen. Pues bien, a esta tímida pero racional propuesta de un partido serio como Coalición Canaria, el PP se opuso. Han leído bien: el PP votó en contra de reducir el límite conjunto. Ésta es la respuesta dada por el portavoz del Grupo Popular, tal y como recoge el Diario de Sesiones del Senado de 10 de diciembre de 1998: “(…) Lógicamente, la modificación, de haberse incorporado, debió hacerse en el Impuesto sobre la Renta y no en esta ley de medidas. Por tanto, le manifiesto nuestra oposición a esta inclusión”. Que este tema sea despachado con tanta superficialidad resulta muy ilustrativo. Pero ni siquiera la excusa formal está justificada. El artículo sobre el límite conjunto que corresponde modificar pertenece a la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, y no a la Ley del IRPF; por lo tanto, en ausencia de una modificación del Impuesto sobre el Patrimonio (que desde 1977 sólo ha pasado por el Parlamento una vez en 1991), la Ley de Medidas Fiscales era un instrumento idóneo para la reforma, tanto o más que la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Siguiente dato. Éste es un Gobierno fuerte que cuando está convencido de algo, lo hace. Por ejemplo, la reforma del desempleo. Los sindicatos, con el apoyo de la oposición, amenazan con una huelga general (¡huelga general!) si no se retira o negocia la reforma del desempleo. La amenaza se cumple. ¿Cómo responde el Gobierno? Con un decreto-ley. No creo que nadie tema una convocatoria de huelga general por retocar el anticuado y abusivo límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Sin embargo, se emplean los tan manidos y agotados argumentos del miedo político. Esta aparente pusilanimidad no se corresponde con la realidad de muchas actuaciones de este Gobierno en otros temas sobre los que sí está convencido. 

Recapitulemos. Primero, a pesar de manifestar en privado su comprensión con la injusta y confiscatoria situación de 650.000 españoles, el mismo partido que les prometió acabar con ella en 1996 a cambio de su voto no está dispuesto a cumplirlo en la actual reforma fiscal ahora que cuenta con mayoría absoluta. Segundo, la única ocasión en que la reducción del límite conjunto fue propuesta por “otros”, el PP votó en contra, con un pobre argumento formal que se descalifica a sí mismo. Tercero, cuando este Gobierno está convencido de algo, lo hace sin argüir miedos reales o ficticios. Quizá los más benevolentes necesiten un cuarto dato para convencerse; este cuarto dato sería que ni siquiera esta vez el PP modifique en profundidad el límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Si llega ese momento, dentro de unos pocos meses, mucho me temo que ni los más crédulos van a poder concluir otra cosa que la razón por la que el PP no reforma el límite conjunto es bien sencilla: le encanta que siga así. Le encanta que 650.000 españoles paguen un 70% o más de Impuesto sobre su Renta por pertenecer al millón de ciudadanos (de nuevo, los famosos “cuatro gatos”) que pagan un anacrónico Impuesto sobre el Patrimonio que no existe en diez de los quince países de la Unión Europea. Por último, y lo que es peor, le es completamente indiferente que quizá pueda haber 650.000 votantes que confiaron en su promesa hace ya seis años y que ven cómo ahora, con mayoría absoluta, no se cumple. En este caso, si es usted uno de ellos y cumplió su parte del trato en 1996, esto es, votar, tenga bien presente que la otra parte no ha cumplido. 

Si no se reforma el límite conjunto ahora, desde el punto de vista exclusivamente fiscal a 650.000 ciudadanos les resultará indiferente el Gobierno de José Mª Aznar o el de Felipe González: pagarán exactamente la misma barbaridad de impuestos; en este caso, dado que la bandera de la gestión del Gobierno es la reforma fiscal, ¿qué bandera hará ondear para estos 650.000 votantes tan injustamente tratados?

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

Valoración y Compraventa de Acciones en la Empresa Familiar

¿Por qué tenemos siempre problemas con la política de dividendos cuando lo que necesita esta empresa para su crecimiento es la reinversión de sus beneficios? ¿No sería mejor que los que quisieran liquidez o no estuvieran de acuerdo con la estrategia impulsada por la mayoría del capital pudieran vender sus acciones? A estas preocupaciones, que pueden llegar a ser periódicamente usuales en la empresa familiar, cabe responder con otra pregunta: ¿Por qué tener accionistas descontentos?

Desde AMEF siempre hemos considerado esencial para la pervivencia y crecimiento de la empresa familiar un concepto muy sencillo: el accionista voluntario. La unión, estabilidad y compromiso de los accionistas de la empresa familiar es una condición sine qua non para su éxito. Sin embargo, la profesionalización de la gestión o la elección de un sucesor idóneo han tenido tradicionalmente más protagonismo en la temática de la empresa familiar que la gestión del accionista. Se ha dado por sentado que los accionistas de la empresa familiar de generaciones sucesivas comprenden y apoyan a la empresa familiar y están dispuestos a mantener invertido la mayor parte de su patrimonio en ella durante toda su vida tal y como hizo la generación precedente. La realidad muestra que en muchas ocasiones esto no es así. No puede haber compromiso profundo sin libertad de elección. El fundador eligió libremente la creación de una empresa y su permanencia en ella, y los herederos tienen que tener también esa libertad. Compromiso voluntario es una redundancia. El compromiso debe provenir de una decisión, y para que haya una decisión debe haber libertad de elección de una alternativa equivalente y factible.

Esta alternativa es la venta de acciones de la empresa familiar. Para que sea equivalente, debe obtenerse una valoración objetiva y justa del negocio que sea aceptada por ambas partes. Para que sea factible, debe acordarse de antemano el procedimiento para que dicha venta se produzca. Aquí la clave está en la automatización del proceso y en su transparencia, de tal manera que todos los accionistas de la empresa familiar conozcan en cada momento cuánto valen sus acciones, cuántas y cómo las pueden vender, y en qué período de tiempo.

En este proceso de liquidez hay que buscar un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. El sistema que se implemente debe facilitar la salida del accionista vendedor sin comprometer la situación de la empresa, esto es, de los accionistas que permanecen.

Este nuevo trabajo de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar no trata de dar todas las respuestas a un tema tan amplio. Trata modestamente de aportar alguna luz y, sobre  todo, de abrir un debate que hasta el momento no ha sido tratado con la profundidad debida en nuestro país. Y, por ende, trata de desdramatizar lo que podríamos llamar «la última opción».

El estudio consta de tres capítulos bien diferenciados: valoración de acciones, proceso de compraventa de acciones y cuestiones fiscales y mercantiles. AMEF ha contado en esta ocasión con sendos colaboradores del máximo prestigio: American Appraisal, líder mundial en valoración de empresas y con dedicación exclusiva a este campo; Nmás1, empresa formada por un reconocido equipo que ha realizado en los últimos años más de 400 transacciones de compra o venta de empresas y otras operaciones corporativas, la mayoría de ellas con empresas familiares españolas; por último, el despacho de abogados Garrigues – Abogados y Asesores Tributarios, cuyo liderazgo en España en el asesoramiento jurídico y fiscal ha permitido desarrollar una especial sensibilidad y compromiso con la empresa familiar.

Confiamos en que este trabajo contribuya a reflexionar sobre un tema imprescindible para la continuidad de la empresa familiar como fuente de riqueza y empleo en nuestra sociedad y como fuente de cohesión entre las distintas generaciones de cada familia.

¿Por qué se tiene que eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio en Madrid?

El Impuesto sobre el Patrimonio ha de eliminarse:

  • Porque ha quedado completamente obsoleto.
  • Porque no existe en los países desarrollados.
  • Porque en Europa está siendo abolido a marchas forzadas.
  • Porque es injusto y abusivo.
  • Porque es un impuesto sin lugar en una economía de libre mercado y apenas tiene capacidad recaudatoria.

Patrimonio y Sucesiones: España, ¿en Europa?

En el año 2002, la Comunidad de Madrid ha adquirido competencias amplísimas tanto en el Impuesto sobre el Patrimonio como en el de Sucesiones. Por ello, AMEF decidió realizar una primera aproximación a la situación relativa de la Comunidad de Madrid dentro de España y de la UE respecto a ambos impuestos. 

Fruto de este trabajo, la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar se complace en presentar su estudio “Patrimonio y Sucesiones: España, ¿en Europa?”.Este importante documento, de conclusiones sorprendentes, está hecho por empresarios familiares para empresarios familiares: claro, sencillo  y sin complejidades artificiales. A lo largo de este documento, se utilizará el término España en las comparativas europeas;  dado que en este momento el régimen de nuestra Comunidad coincide con el nacional, puede leerse indistintamente Comunidad de Madrid. 

Entre 1994 y 1996 se produjo en España un punto de inflexión de capital importancia en la tributación de las empresas familiares. La magnífica labor del Instituto de la Empresa Familiar, a quien debemos este éxito, llevó entonces a nuestros legisladores a entender la necesidad de facilitar la supervivencia de las empresas familiares, base de la riqueza y el empleo en España, y a actuar en consecuencia, lo que colocó a nuestro país en un nivel similar a los países europeos de vanguardia. 

Seis años más tarde, nos hemos vuelto a quedar atrás: el tratamiento fiscal de nuestras empresas familiares en el Impuesto sobre el Patrimonio se encuentra hoy entre los peores de la Unión Europea, mientras que en el Impuesto de Sucesiones nos encontramos en el tercio intermedio. Sirva como ejemplo que en DIEZ países de la UE los accionistas de empresas familiares están exentos del pago del Impuesto sobre el Patrimonio sin necesidad de cumplir con ningún requisito, dado que tal impuesto no existe. O que en Italia ha sido completamente abolido el Impuesto sobre Sucesiones, convirtiéndose en el primer país europeo (y el tercero de la OCDE) en que no existe ninguno de estos dos impuestos. 

De forma adicional, los tipos impositivos del régimen general de ambos impuestos son, con gran diferencia, los más elevados de Europa, por lo que los activos que no pueden acogerse a bonificación alguna sufren el tratamiento más hostil de toda la Unión Europea y, en algún caso, de todo el mundo. 

A pesar de estos hechos, existe en nuestro país una cierta complacencia sobre lo que aún se considera una situación idónea. Nada más lejos de la realidad. Como muestra el presente estudio,  el tratamiento fiscal de las empresas familiares en Europa es hoy, en general, mucho más favorable que el nuestro. 

Este documento describe hechos, no opiniones. Y como siempre que los hechos se enfrentan a las creencias, debemos enterrar un mito. Por tanto, es momento de que con renovado ímpetu y sin complejos concienciemos a nuestros legisladores de la necesidad de acometer reformas más modernas. Si queremos facilitar la competitividad de la base de la riqueza de nuestra región y país, debemos avanzar mas allá de donde nos encontramos; la Comunidad de Madrid debe colocarse a la vanguardia de España y de Europa en este campo. Donde le corresponde estar.

El nuevo modelo de financiación autonómica

De conformidad con lo previsto en el artículo 157.1 de la Constitución Española, uno de los recursos financieros de las Comunidades Autónomas son los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado. Este mecanismo de financiación tuvo originariamente su desarrollo en los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, objeto de varias modificaciones, siendo la última de todas ellas la que se produzca en los próximos meses como consecuencia de la aprobación el 27 de julio de 2001 del nuevo modelo de financiación autonómica.Mediante la promulgación de la mencionada Ley Orgánica en el año 1980, y en el ejercicio de la libertad concedida por el legislador constituyente, originariamente se estableció que sólo podían ser objeto de cesión los tributos relativos a las siguientes materias:

  • Impuesto sobre el Patrimonio Neto.
  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
  • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
  • La imposición General sobre las ventas en su fase minorista.
  • Los impuestos sobre consumos específicos en su fase minorista.
  • Las tasas y demás exacciones sobre el juego.

Este régimen de cesión de tributos previsto por la LO 8/1980 se desarrollo de una forma estable y de conformidad a la configuración llevada a cabo en esta Ley Orgánica, sin necesidad de proceder a realizar reformas. Ahora bien, este modelo de financiación autonómica determinó una dependencia financiera de las CCAA de régimen común respecto de la Hacienda Estatal, ya que las trasferencias con cargo a la participación en los ingresos del Estado y las subvenciones estatales, procedentes, en su caso, del Fondo de Compensación Interterritorial constituían el núcleo básico de las Haciendas Autonómicas. De esta manera, con fecha 23 de septiembre de 1996 el Consejo de política Fiscal y Financiera aprobó un nuevo modelo de financiación autonómica para el quinquenio 1997-2001, siendo uno de los principios inspiradores básicos la asunción por las Comunidades Autónomas de un importante nivel de corresponsabilidad fiscal. Al objeto de hacer efectivo este principio de corresponsabilidad, el nuevo modelo de financiación hizo uso del mecanismo de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y ello principalmente a través de dos medidas: de un lado, la ampliación del ámbito de la cesión a una parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en segundo lugar, mediante la atribución a las Comunidades Autónomas de ciertas competencias normativas en relación con los tributos cedidos. La formalización de este principio de corresponsabilidad fiscal requirió de una modificación del régimen jurídico establecido. Así, fue necesario una reforma del régimen general de la cesión de tributos del Estado, a cuyo fin fue preciso, tanto introducir modificaciones en la LO 8/1980 de Financiación de las CCAA, como proceder a la redacción misma de una nueva ley de cesión, en este caso la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, que viene a ampliar, a aquellas Comunidades que asumieron el nuevo modelo de financiación, el ámbito de cesión respecto del marco definido en la Ley 30/1983.

Abolir Patrimonio

Artículo publicado en Expansión del 25 de Noviembre de 2004

Al parecer el Gobierno se plantea la posibilidad de rebajar el tipo máximo del Impuesto sobre el Patrimonio al 0,9% desde el 2,5% actual. Permítanme la ironía: la media en la Europa ampliada es del 0,18%, o sea que conseguiríamos tener un tipo tan sólo cinco veces superior al europeo. ¿Es esto una gran mejora? Es obvio que 0,9% en mejor que 2,5%, pero creemos que lo que debe hacer el Gobierno es abolir de una vez un impuesto obsoleto y confiscatorio que nos coloca, en esta materia, como el país más anticuado de Europa, donde no existe en 20 de los 25 países miembros. Cojamos perspectiva. En España el Gobierno nos quita el dinero por ganar, por gastar, por ahorrar y, aún insatisfecho, también por conservar lo que tenemos. Comienzan con ese gran impuesto encubierto que son las contribuciones a la Seguridad Social, por el que todos vemos (o mejor dicho, no vemos) nuestro sueldo reducido de un plumazo en más de un 30%; enseguida, sobre ese sueldo ya reducido, nos quitan hasta el 45% de lo que quede, mediante el IRPF; y enseguida nos quitan aún más de ese sueldo ya dos veces reducido, en función de a qué lo destinemos: si gastamos, nos lo quitan a través del IVA (16%) y de otros impuestos indirectos (70% en el caso de la gasolina); si no gastamos, nos lo quitan a través de la imposición del ahorro (desde un 15% hasta un 45%). Por último, el Gobierno nos quita nuestro dinero simplemente por conservar lo que tenemos (hasta un 2,5% de nuestro patrimonio al año). Con las Letras del Tesoro al 2,5%, el actual tipo máximo del Impuesto sobre el Patrimonio supone un impuesto sobre la renta teórico del 100%. Esto no es sólo injusto: es absurdo. Si el PSOE cumple su programa electoral de instaurar “un tipo único (…) que guardará consonancia con una rentabilidad real razonable del patrimonio”, tan solo una adecuación al actual entorno euro de tipos de interés llevaría al tipo máximo (cuyo origen es 1978) a un 0,3% hoy. Entonces, ¿qué es esto de reducirlo al 0,9%? ¿O es que sólo se cumple el programa si atrae el voto fácil? Pero es que además, en 1999, los socialistas alemanes estuvieron de acuerdo en abolir el Impuesto sobre el Patrimonio en aquel país, como hicieran antes Holanda, Dinamarca, Austria, etc. ¿Serán sus colegas españoles tan avanzados o seguiremos estando tan anticuados y acomplejados como siempre en nuestras ideas políticas? Cuando en Europa veinte de los veinticinco países que la componen no tienen o han abolido este impuesto, pretender que una tímida reducción de tipos es una medida avanzada no es creíble. Señores del Gobierno: tienen en su mano demostrar una actuación verdaderamente europea, seria, avanzada, y de calado que tanto economistas como notarios, registradores, abogados, empresarios y otros muchos sectores importantes vienen demandando por escrito desde hace años, sin que anteriores gobiernos hicieran nada al respecto. Afecta a un millón de votantes. Y es algo que en Europa ya se ha hecho. ¿Por qué no hacerlo ya en España?

Antonio Barderas Nieto

Director

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF

Protocolo y Registro

Artículo publicado en Expansión del 1 de Febrero de 2005

¿Cuál es la principal fortaleza de la empresa familiar? La respuesta es sencilla y clara: su fortaleza reside en la unidad, estabilidad, compromiso y lealtad de sus accionistas, esencia de su condición familiar. Esta unidad no se mantiene en el tiempo si no incidimos en el concepto del accionista voluntario, único que puede comprometerse de verdad, puesto que compromiso libre es una redundancia. Y de esto, de manera lícita, se han dado cuenta muchos asesores y consultores que se vienen interesando por su problemática. Sin embargo, a la sombra de estos, por qué no decirlo, también han aparecido autocalificados “expertos” en la materia que lo utilizan exclusivamente como herramienta de marketing, sin el conocimiento o experiencia que los respalde. Así, han descubierto que el llamado Protocolo Familiar o Pacto de Familia es el instrumento idóneo para convertirse en un miembro más de la familia a efectos de la información inherente a la propiedad. El paso siguiente, tras diversas reuniones individuales y colectivas con los miembros de la familia y los ejecutivos no familiares más relevantes, es proponer un documento con reglas que rijan las relaciones de los propietarios entre sí y con la empresa. Desgraciadamente, en algunos casos el objetivo no es otro que generar una dependencia de la familia respecto al “experto” que le haga insustituible, dotándole de un poder inmenso que no le corresponde y alargando innecesariamente su permanencia en el seno de la familia empresarial, lo que cada vez alimenta más la dependencia de la familia, creándose un círculo vicioso. Como ejemplo de prácticas de dudosa claridad, ahora se quiere añadir la posibilidad de ofrecer a los empresarios llevar al Registro dicho Protocolo para gozar del respaldo legal y de los privilegios que otorgaría la publicidad registral. En nuestra opinión, esto es un disparate. El Protocolo es un proceso que lleva a un documento: es la concreción de un diálogo en buena fe. El documento es el final, no el comienzo: lo importante es el proceso, el diálogo. La familia ha invertido en este proceso, en este diálogo, muchas horas, mucha esperanza y, sobre todo, muchas emociones: sus ilusiones, sus miedos, sus dudas, sus fortalezas y sus debilidades. Este diálogo, para el que se requiere gran valor por parte de todos, es el que el Protocolo ordena y sistematiza, compaginando en fin las legítimas aspiraciones individuales de los miembros de la familia, sus relaciones entre sí y para con la empresa, y las aspiraciones de la familia como unidad colectiva en la propiedad de la empresa familiar. Y ése es el trabajo de cohesión esencial que se debe obtener de un protocolo familiar, tarea que no pueden hacer los consultores o expertos, puesto que el actor principal del Protocolo es la familia. El papel del buen consultor es motivar que los miembros de la familia se expresen sin reservas, ordenar y dirigir el debate hacia objetivos concretos, tratar de evitar acuerdos que sean pan para hoy y hambre para mañana y suavizar, desde su experiencia y conocimientos, los obstáculos que surjan. Entenderán entonces que es contrario a la eficacia del Protocolo que se le dé publicidad alguna, puesto que retraería a los miembros de la familia a la hora de abrirse en cuestiones privadas y propias de cada familia y limitaría enormemente la amplitud de temas que deben tratarse en el mismo. Sin duda, el registro del Protocolo serviría para facilitar su blindaje, restringiría la autonomía de la voluntad de los propietarios, dificultaría su adaptabilidad a los tiempos, limitaría la riqueza de su contenido y de manera muy probable haría crecientemente imprescindibles a consultores y “expertos” añadiendo artificial complejidad (y coste) a tan delicado asunto. En este tema hay que elegir con quién estamos casados: ¿con los empresarios o con los consultores? En AMEF no lo dudamos. 

Antonio Barderas Nieto

Director General de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF

Accionistas libres y más Derecho Civil

Publicado en la revista Escritura Pública del mes de Julio de 2005

Quiero resaltar dos aspectos que, siendo cruciales para la continuidad de la empresa familiar, no han recibido una atención proporcional a su importancia. El primero es el concepto de accionista libre o voluntario. Es esencial para la continuidad de la empresa familiar la existencia de unos accionistas comprometidos, responsables y satisfechos, es decir, de unos accionistas que estén contentos con el hecho de serlo. Para ello deben haber tomado conscientemente y en absoluta libertad la decisión de permanecer en el capital de la empresa y, en toda lógica, deben poder tener la alternativa de vender en condiciones razonables. Para ello, la empresa familiar debe tener establecidos unos mecanismos de liquidez automáticos, transparentes y conocidos a priori por las partes de tal modo que un accionista que desee vender total o parcialmente sus acciones sepa qué proceso se va a seguir, qué criterios de valoración se van a emplear (lo que le da a priori un rango objetivo de precio estimado) y qué limitaciones puede tener. Este sistema de liquidez debe ser acordado por los socios y debe encontrar un equilibrio entre la legítima voluntad de vender y la protección de la marcha habitual del negocio. Por ejemplo, puede establecerse la obligación de que sea la empresa la que recompre las acciones al accionista vendedor, a un precio basado en un múltiplo de ventas o de beneficios o determinado por expertos independientes, en un plazo máximo de tiempo determinado y con una limitación cuantitativa anual para proteger el negocio de desembolsos demasiados cuantiosos en momentos inconvenientes. El segundo aspecto que querría señalar es el de la necesidad de modernizar nuestro Derecho Civil sucesorio de forma paralela a las mejoras fiscales para facilitar la continuidad y supervivencia de la empresa familiar. Es fácilmente constatable que el derecho común español goza de importantes desventajas respecto a determinados regímenes forales (Cataluña y Aragón, principalmente) y es menos avanzado que el de países muy desarrollados como Alemania, EEUU y Reino Unido (sin mencionar el interesantísimo caso de Méjico). Hay tres aspectos especialmente significativos que facilitarían en gran medida la continuidad de la empresa familiar: la aceptación de pactos sucesorios y de testamentos mancomunados, el desarrollo y ampliación de la figura del fideicomiso incluyendo la aceptación del fideicomiso inter vivos y, por último, la flexibilización del sistema de legítimas, siendo interesante en este aspecto el derecho foral catalán. Esta reforma, que pretende colocarnos como un país moderno en cuanto a Derecho Civil sucesorio, debería tener como guía la libertad y derechos del testador sin perjuicio de que, en nuestra opinión, siempre deba buscar el equilibrio entre cinco fuerzas diferentes, todas ellas importantes: el derecho y libertad del testador; el derecho y libertad de los herederos; las expectativas de los herederos; la responsabilidad social de la empresa; y, por último, la separación entre propiedad y gestión.

Fernando del Pino Calvo-Sotelo

Presidente

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF

Pregunta al Gobierno

En el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados (BOCD) de 23 de Junio de 2005.- Serie D. Núm. 227, pág. 328 figura la siguiente pregunta al Gobierno referida a las empresas familiares que se extrae literal:“Don Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Va a emprender el Gobierno algunas reformas legislativas en el ámbito civil, mercantil y fiscal que faciliten la creación, mantenimiento y continuidad de las empresas familiares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2005.-Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.”

Protocolo familiar, ¿hacia su registro voluntario?

Publicado en la revista El Notario de Julio/Agosto de 2005

No es nada nuevo afirmar que en España hoy la empresa familiar está de moda, sin duda, en justo reconocimiento a su importancia capital en la economía. Quizá por ello, estamos asistiendo a una tendencia regularizadora que ha llevado a que se proponga, y parece que se podría aprobar próximamente, la admisión del registro del Protocolo Familiar con carácter voluntario. 

La prudencia obliga a esperar hasta el estudio a fondo de la propuesta legislativa, pero es sorprendente que precisamente quienes más favorablemente han acogido esta medida no sean los empresarios. Ya sabemos la importancia de la legitimación que requiere cualquier norma jurídica para su implementación. 

Y el problema está en entrar a regular campos que no necesitan ser regulados. El Protocolo Familiar es un proceso que lleva a un documento: es la concreción de un diálogo de buena fe en el que la familia ha puesto muchos esfuerzos, y sobre todo emociones. ¿Creen Vds. que las emociones familiares deben estar recogidas en un Registro? ¿Se calificarán? ¿A quién le interesan los pactos privados de las familias? 

En mi opinión, si el Registro del Protocolo incluye todos estos aspectos, evitará que los miembros de la familia se abran en sus cuestiones privadas, limitando los temas que deben tratarse en el mismo o que directamente las familias no acudan al Registro (reconociendo que alguna parte del Protocolo Familiar, como las cuestiones societarias que pueden afectar a terceros, ya se inscriben sin mayores dificultades). 

Además restringiría la autonomía de la voluntad de las partes, su adaptabilidad a la realidad cambiante de las familias propietarias, añadiría complejidad y coste, en definitiva, impediría la autorregulación tras un diálogo en buena fe, y ése es el motivo esencial para realizar un Protocolo Familiar. 

Porque cuando una familia empresarial hace un Protocolo Familiar está invirtiendo en sentar sus bases de armonía para el futuro, tratando de poner en marcha los mecanismos y sistemas para que las diferencias, que las hay en todas la familias, se solucionen dentro, ya que todos los miembros de la familia deben haber asumido y legitimado previamente las normas que se han dado. ¿Conocen algún caso en el que para resolver las diferencias se haya utilizado la coerción de la Ley? ¿Qué ha quedado de la empresa y de la familia? Probablemente nada. 

Por eso la libertad y la autorregulación deberían ser los principios inspiradores de la legislación sobre la empresa familiar en España. Y en esta línea, algunas de las reformas relevantes que deberían acometerse, todas tendentes a ampliar estos valores, son: la reforma en el derecho civil común aceptándose los pactos sucesorios, el desarrollo de la figura del fideicomiso inter vivos, y por último, flexibilizar el sistema de legítimas. 

De existir un sistema regulatorio amplio, cada familia elegiría aquel camino que le fuera más útil para mantener vivo el Protocolo Familiar. La escritura pública podría ser en mi opinión, un medio suficientemente adecuado para que el notario supervise los posibles inconvenientes, sobre todo en la esfera civil, siempre que la familia requiera sus servicios. 

Si para la inscripción registral del Protocolo Familiar queda el argumento de buscar su obligatoriedad jurídica, la figura que tenemos que utilizar en nuestro derecho civil ya existe en los derechos forales: el pacto sucesorio. Porque aunque el Protocolo Familiar abarca mucho más, en esencia es un pacto sucesorio. Éste sí sería un avance de calado para las empresas familiares españolas, ¿por qué no hacerlo?.

Antonio Barderas Nieto

Director

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF