Publicado en el diario Expansión del 27 de julio de 2002.
El PP va camino de incumplir, de nuevo, la promesa que hizo en 1996 de revisar el límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Los 650.000 ciudadanos que confiaron en esta promesa para reducir una carga abusiva y confiscatoria que les supone pagar un 70% de su renta a Hacienda se van a hacer muchas preguntas. La primera probablemente sea: ¿qué excusa hay para incumplir una promesa electoral cuando se cuenta con mayoría absoluta?.
Aportemos datos nuevos. De manera informal y desde hace tiempo, fuentes del PP dicen comprender la injusticia de la situación actual, pero argumentan dificultades de todo tipo para justificar su inacción. Es decir, el partido que gobierna con mayoría absoluta, el mismo que prometió revisar dicho límite en su programa electoral de 1996 y que afirma estar convencido de la necesidad de su reforma, no está dispuesto a proponerla. No sé si estarán esperando que lo proponga otro partido que ni tiene mayoría absoluta, ni lo prometió en su programa electoral ni, quizá, esté convencido. En fin, dado que todo esto resulta muy extraño, algo falla. Busquemos más pistas para tratar de aclararnos.
En 1998, Coalición Canaria presentó una enmienda (la número 209) a la Ley de Medidas Fiscales de entonces. Dicha enmienda proponía reducir del 70% al 60% el límite conjunto de IRPF y Patrimonio y referenciarlo a la parte general de la base imponible. La propuesta no incluía la imprescindible eliminación de la obligación de pagar un mínimo del 20% de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio, mínimo que provoca actualmente que el límite conjunto pierda su función de tope máximo de gravamen. Pues bien, a esta tímida pero racional propuesta de un partido serio como Coalición Canaria, el PP se opuso. Han leído bien: el PP votó en contra de reducir el límite conjunto. Ésta es la respuesta dada por el portavoz del Grupo Popular, tal y como recoge el Diario de Sesiones del Senado de 10 de diciembre de 1998: “(…) Lógicamente, la modificación, de haberse incorporado, debió hacerse en el Impuesto sobre la Renta y no en esta ley de medidas. Por tanto, le manifiesto nuestra oposición a esta inclusión”. Que este tema sea despachado con tanta superficialidad resulta muy ilustrativo. Pero ni siquiera la excusa formal está justificada. El artículo sobre el límite conjunto que corresponde modificar pertenece a la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, y no a la Ley del IRPF; por lo tanto, en ausencia de una modificación del Impuesto sobre el Patrimonio (que desde 1977 sólo ha pasado por el Parlamento una vez en 1991), la Ley de Medidas Fiscales era un instrumento idóneo para la reforma, tanto o más que la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Siguiente dato. Éste es un Gobierno fuerte que cuando está convencido de algo, lo hace. Por ejemplo, la reforma del desempleo. Los sindicatos, con el apoyo de la oposición, amenazan con una huelga general (¡huelga general!) si no se retira o negocia la reforma del desempleo. La amenaza se cumple. ¿Cómo responde el Gobierno? Con un decreto-ley. No creo que nadie tema una convocatoria de huelga general por retocar el anticuado y abusivo límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Sin embargo, se emplean los tan manidos y agotados argumentos del miedo político. Esta aparente pusilanimidad no se corresponde con la realidad de muchas actuaciones de este Gobierno en otros temas sobre los que sí está convencido.
Recapitulemos. Primero, a pesar de manifestar en privado su comprensión con la injusta y confiscatoria situación de 650.000 españoles, el mismo partido que les prometió acabar con ella en 1996 a cambio de su voto no está dispuesto a cumplirlo en la actual reforma fiscal ahora que cuenta con mayoría absoluta. Segundo, la única ocasión en que la reducción del límite conjunto fue propuesta por “otros”, el PP votó en contra, con un pobre argumento formal que se descalifica a sí mismo. Tercero, cuando este Gobierno está convencido de algo, lo hace sin argüir miedos reales o ficticios. Quizá los más benevolentes necesiten un cuarto dato para convencerse; este cuarto dato sería que ni siquiera esta vez el PP modifique en profundidad el límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Si llega ese momento, dentro de unos pocos meses, mucho me temo que ni los más crédulos van a poder concluir otra cosa que la razón por la que el PP no reforma el límite conjunto es bien sencilla: le encanta que siga así. Le encanta que 650.000 españoles paguen un 70% o más de Impuesto sobre su Renta por pertenecer al millón de ciudadanos (de nuevo, los famosos “cuatro gatos”) que pagan un anacrónico Impuesto sobre el Patrimonio que no existe en diez de los quince países de la Unión Europea. Por último, y lo que es peor, le es completamente indiferente que quizá pueda haber 650.000 votantes que confiaron en su promesa hace ya seis años y que ven cómo ahora, con mayoría absoluta, no se cumple. En este caso, si es usted uno de ellos y cumplió su parte del trato en 1996, esto es, votar, tenga bien presente que la otra parte no ha cumplido.
Si no se reforma el límite conjunto ahora, desde el punto de vista exclusivamente fiscal a 650.000 ciudadanos les resultará indiferente el Gobierno de José Mª Aznar o el de Felipe González: pagarán exactamente la misma barbaridad de impuestos; en este caso, dado que la bandera de la gestión del Gobierno es la reforma fiscal, ¿qué bandera hará ondear para estos 650.000 votantes tan injustamente tratados?
Antonio Barderas Nieto
Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar