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Comunicado AMEF Andalucía
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El Rey apela a una gestión que vele siempre por el “interés común”
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Lejos de Europa: renta y justicia fiscal
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Deslealtad Fiscal
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Otra vez el Impuesto sobre el Patrimonio
El Impuesto sobre el Patrimonio no respeta la equidad horizontal, castiga al ahorro, a la inversión y al crecimiento sano de todas las economías avanzadas en el mundo. Por eso todos los países dónde existía lo han abolido.
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IDEALISTA: Imagen del día: España, único país europeo que mantiene el Impuesto sobre el Patrimonio
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El sueño inútil de un cambio de modelo
- ANTONIO BARDERAS NIETO
El autor desmonta la falacia de que la recesión derivada de la pandemia del Covid-19 requiere un cambio radical del actual modelo económico.
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Ayuso se revuelve contra Montero
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió ayer en tromba para responder a los ataques de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la fiscalidad de Madrid: “Nos van a tener en contra: frente a la opresión, libertad”. “No nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar quietos”, añadió Ayuso en respuesta a la amenaza de Montero, quien el jueves destacó en el Congreso que quiere “armonizar los impuestos cedidos a las comunidades”, es decir, obligar a Madrid a subir Sucesiones y Patrimonio, “contra el dumpingfiscal”, en el marco de la reforma de la financiación autonómica que quiere impulsar, sobre la que quiere tener un borrador en otoño. Se trató del primer aviso explícito a Madrid –blanco de amenazas de Pedro Sánchez y la propia Montero en la campaña electoral–, desde que el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos llegó al poder. Ayuso se refirió a esta cuestión antes de asistir ayer en Madrid a un encuentro informativo de Nueva Economía Fórum con el presidente de la patronal madrileña (CEIM), Miguel Garrido, y el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que defendieron la política de impuestos bajos de Madrid y alertaron del daño que haría a la economía obligar a Madrid a subir impuestos (ver información adjunta). Madrid tiene el PIB más alto de España. Reúne el 85% de la inversión extranjera y ha pasado de tener la cuarta renta per cápita de España en 1980 a la primera. Ayuso aseguró ayer que responderá a la “opresión” fiscal que considera que el Gobierno central quiere imponer a los madrileños. Subrayó que lo que está haciendo el Ejecutivo central es “gravísimo”, ya que mientras “le van a dar la Seguridad Social al País Vasco” y con ello “van a romper la igualdad entre todos los españoles”, pretenden imponer “una subida de impuestos a todos los madrileños”. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene “en pie de guerra a las familias, a los ciudadanos y a los empresarios”, advirtió Ayuso, para quien “es una absoluta vergüenza lo que está pasando, una barbaridad. No se puede consentir que rompan el equilibrio territorial que nos divide entre comunidades que nos asfixian fiscalmente, que rompa la autonomía, la libertad de todos los ciudadanos”. La mandataria madrileña afirmó que los Impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones son “anacrónicos” y “no existen en otros muchísimos países”, ya que implican que una familia tiene que “volver a pagar” por algo que ya es suyo. Cabe recordar que España es el único país de la UE con un Impuesto sobre el Patrimonio (ver informaciones adjuntas). Por este motivo, indicó que el anuncio de la ministra Montero supone que “pretenden hacer una subida indiscriminada de impuestos a Madrid rompiendo su autonomía”. La batalla fiscal de la legislatura cerraba así ayer su primer asalto político de una guerra que ha declarado Hacienda a las comunidades del PP con el foco principal puesto en Madrid y que se lucha en varios frentes, principalmente el político y el jurídico. En su primera comparecencia en el Congreso de la legislatura, Montero avisó el jueves de que el Gobierno propondrá “armonizar los impuestos cedidos a las comunidades”, es decir, Sucesiones y Patrimonio, en el marco de la reforma de la financiación autonómica que quiere impulsar, reforma sobre la que quiere tener un borrador en noviembre o incluso, octubre. La ministra subrayó que esta propuesta tiene por objetivo evitar la “competencia desleal” entre regiones para “atenuar el dumping fiscal”, lo que aseguró que se hará sin afectar a la autonomía fiscal. En principio, esto implica que se obligaría a Madrid y a otras comunidades a subir estos impuestos, aunque habría una horquilla que les permitiría tener los tipos más bajos posibles del conjunto de las autonomías en el nuevo diseño de estos tributos. El IRPF autonómico no se tocará en principio, aclaró, aunque no descartó que se coarte la autonomía sobre el tramo autonómico del IRPF “si así lo quieren las comunidades”. Montero mencionó también a Andalucía y a Murcia, comunidades que aseguró que están recaudando menos por haber bajado los impuestos, lo que afirmó que pagan el resto de los españoles. Los datos muestran que la recaudación del IRPF de las comunidades que lo han bajado crece. Andalucía y Murcia también respondieron ayer a Montero. El consejero andaluz de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, quiso dejar claro que el Gobierno andaluz no aceptará la “amenaza” de imponer una subida de impuestos. “Montero es el enemigo público número uno de Andalucía”, sentenció. Según Bendodo, gracias a la bajada de impuestos y la eliminación de Sucesiones se ha conseguido recaudar más, porque al bajar los impuestos, la gente tiene más capacidad de gasto y al gastar más, la Administración recauda más e invierte más en los servicios públicos. A su vez, el consejero de Presidencia y Hacienda de Murcia, Javier Celdrán, rechazó que el nuevo modelo que pretende implantar Montero sea “igualitario, equitativo y justo y exigió que no se cuestione la capacidad normativa de las comunidades en materia tributaria”. “La bajada del tramo de la tarifa autonómica del IRPF aprobada el pasado año en la Región alcanzará a más de 300.000 murcianos y va a beneficiar sobre todo a las clases medias”, destacó Celdrán, quien remachó: “Creemos que esta política de baja fiscalidad incentiva la economía e impulsa el crecimiento y atrae nuevas inversiones, y los datos así lo demuestran”. Después del primer anuncio de Montero el jueves en favor de la armonización, que aludía a Madrid pero no la mencionaba, la ministra no pudo evitar atacar a la comunidad en su última intervención; “Madrid puede bajar impuestos porque es la capital, lo que le permite tener unos ingresos que le dejan bajar los impuestos con competencia desleal con las comunidades más desfavorecidas, que necesitan la armonización”, destacó. Desde la comunidad recuerdan que de los 78.334 millones que se recaudan en Madrid (datos de 2017), sólo el 22%, 17.470 millones, se transfieren a la región
Armonización fiscal contra el interés general
EditorialLa LlaveSábado 22 febrero 20202ExpansiónE l Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero pretende llevar a cabo una armonización fiscal al alza en todo el territorio español que supone un golpe a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, especialmente la de aquellas que, como Madrid, han optado por rebajar la presión fiscal a sus ciudadanos con el fin de impulsar la actividad. Lo paradójico es que la ministra no quiere que esa armonización vaya encaminada a adoptar el modelo que mejor funciona, sino todo lo contrario. Como responsable de la Hacienda andaluza, Montero provocó que los altos impuestos que impuso a los andaluces redujeran la competitividad y penalizaran la capacidad de crecimiento de esa comunidad autónoma, lo que se tradujo en menor recaudación y en una pérdida de convergencia respecto al resto de España. Sin embargo, el modelo de menor presión fiscal impulsado por la Comunidad de Madrid ha demostrado que no sólo no recauda menos, sino todo lo contrario debido al incremento de la actividad que se genera. Madrid es la prueba evidente de que con menos presión fiscal sobre los ciudadanos y las empresas se puede recaudar más y, por tanto, financiar mejores servicios públicos. Por razones que están evidentemente más cerca de la ideología que de los resultados, Hacienda quiere que el modelo que se extienda a todos las comunidades sea el menos eficiente. Bajo esta decisión subyace la sospecha de que el Gobierno pueda estar utilizando la política fiscal para plantear batallas políticas, queriendo penalizar a aquellas comunidades autónomas que no están en su órbita ideológica, al mismo tiempo que premia a las gobernadas por sus socios parlamentarios, por ejemplo con la cesión al País Vasco de las competencias sobre prisiones o de la gestión económica de las pensiones, que los letrados de la Seguridad Social temen que rompan la caja única y la solidaridad del sistema, por más que el Ejecutivo socialcomunista trate de negarlo. Montero y los barones socialistas han venido acusando a Madrid de practicar dumping fiscal y pretenden ahora intervenir de alguna manera en la sala de máquinas de la economía regional que mejor funciona en España, tanto en términos de creación de empresas como de empleo. Esta absurda e ineficiente intrusión fiscal, que choca de bruces con el federalismo que predica el PSOE, no saldría gratis para el conjunto del país, como alertaron ayer los empresarios. En una economía abierta y global, generalizar en todas las regiones una fiscalidad que penaliza el crecimiento, la inversión y el desarrollo es el camino más corto para la deslocalización de actividades hacia otros países de nuestro entorno que, como Portugal, se han dado cuenta de que la ideología no es buena si no sirve al interés general.
