Otra vez el Impuesto sobre el Patrimonio

El Impuesto sobre el Patrimonio no respeta la equidad horizontal, castiga al ahorro, a la inversión y al crecimiento sano de todas las economías avanzadas en el mundo. Por eso todos los países dónde existía lo han abolido.

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El sueño inútil de un cambio de modelo

  • ANTONIO BARDERAS NIETO

El autor desmonta la falacia de que la recesión derivada de la pandemia del Covid-19 requiere un cambio radical del actual modelo económico.

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Ayuso se revuelve contra Montero

La  presidenta  de  la  Comunidad  de  Madrid,  Isabel  Díaz Ayuso,  salió  ayer  en  tromba para  responder  a  los  ataques de  la  ministra  de  Hacienda, María Jesús Montero, a la fiscalidad de Madrid: “Nos van a tener  en  contra:  frente  a  la opresión,  libertad”.  “No  nos vamos  a  quedar  callados,  no nos vamos a quedar quietos”, añadió Ayuso en respuesta a la amenaza de Montero, quien el jueves destacó en el Congreso que quiere “armonizar los impuestos cedidos a las comunidades”, es decir, obligar a Madrid  a  subir  Sucesiones  y  Patrimonio, “contra el dumpingfiscal”, en el marco de la reforma de la financiación autonómica que quiere impulsar, sobre la que quiere tener un borrador  en  otoño.  Se  trató  del primer  aviso  explícito  a  Madrid –blanco de amenazas de Pedro  Sánchez  y  la  propia Montero en la campaña electoral–, desde que el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos llegó al poder. Ayuso se refirió a esta cuestión  antes  de  asistir  ayer  en Madrid a un encuentro informativo  de  Nueva  Economía Fórum con el presidente de la patronal  madrileña  (CEIM), Miguel Garrido, y el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que defendieron  la  política  de  impuestos bajos  de  Madrid  y  alertaron del daño que haría a la economía  obligar  a  Madrid  a  subir impuestos  (ver  información adjunta).  Madrid tiene el PIB más alto de España. Reúne el 85% de la  inversión  extranjera  y  ha pasado de tener la cuarta renta per cápita de España en 1980 a la primera. Ayuso aseguró ayer que responderá a la “opresión” fiscal que considera que el Gobierno central  quiere  imponer  a  los madrileños.  Subrayó  que  lo que está haciendo el Ejecutivo central es “gravísimo”, ya que mientras “le van a dar la Seguridad  Social  al  País  Vasco”  y con  ello  “van  a  romper  la igualdad entre todos los españoles”,  pretenden  imponer “una subida de impuestos a todos los madrileños”.  El Gobierno de Pedro Sánchez tiene “en pie de guerra a las familias, a los ciudadanos y a  los  empresarios”,  advirtió Ayuso, para quien “es una absoluta  vergüenza  lo  que  está pasando,  una  barbaridad.  No se  puede  consentir  que  rompan  el  equilibrio  territorial que nos divide entre comunidades  que  nos  asfixian  fiscalmente, que rompa la autonomía,  la  libertad  de  todos  los ciudadanos”. La  mandataria  madrileña afirmó que los Impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones  son  “anacrónicos”  y  “no  existen  en  otros muchísimos  países”,  ya  que implican que una familia tiene que “volver a pagar” por algo que ya es suyo. Cabe recordar que España es el único país de la UE con un Impuesto sobre el  Patrimonio  (ver  informaciones adjuntas). Por este motivo, indicó que el anuncio de la ministra Montero  supone  que  “pretenden hacer  una  subida  indiscriminada  de  impuestos  a  Madrid rompiendo su autonomía”. La batalla  fiscal  de  la  legislatura cerraba  así  ayer  su  primer asalto  político  de  una  guerra que ha declarado Hacienda a las comunidades del PP con el foco  principal  puesto  en  Madrid  y  que  se  lucha  en  varios frentes, principalmente el político y el jurídico. En  su  primera  comparecencia en el Congreso de la legislatura,  Montero  avisó  el jueves de que el Gobierno propondrá  “armonizar  los  impuestos cedidos a las comunidades”, es decir, Sucesiones y Patrimonio, en el marco de la reforma de la financiación autonómica  que  quiere  impulsar, reforma sobre la que quiere  tener  un  borrador  en  noviembre o incluso, octubre.  La ministra subrayó que esta propuesta tiene por objetivo evitar  la  “competencia  desleal” entre regiones para “atenuar el dumping fiscal”, lo que aseguró que se hará sin afectar a la autonomía fiscal. En principio, esto implica que se obligaría a Madrid y a otras comunidades a subir estos impuestos,  aunque  habría  una  horquilla que les permitiría tener los tipos más bajos posibles del conjunto de las autonomías en el nuevo diseño de estos tributos. El IRPF autonómico no se tocará  en  principio,  aclaró, aunque  no  descartó  que  se coarte  la  autonomía  sobre  el tramo  autonómico  del  IRPF “si  así  lo  quieren  las  comunidades”. Montero  mencionó  también  a  Andalucía  y  a  Murcia, comunidades  que  aseguró que están recaudando menos por haber bajado los impuestos, lo que afirmó que pagan el resto de los españoles. Los datos muestran que la recaudación del IRPF de las comunidades que lo han bajado crece.  Andalucía  y  Murcia  también  respondieron  ayer  a   Montero.  El  consejero  andaluz  de  Presidencia,  Administración  Pública  e  Interior, Elías Bendodo, quiso dejar claro que el Gobierno andaluz no aceptará la “amenaza” de imponer una subida de impuestos.  “Montero  es  el  enemigo público número uno de Andalucía”, sentenció.  Según Bendodo, gracias a la bajada de impuestos y la eliminación  de  Sucesiones  se  ha conseguido  recaudar  más, porque al bajar los impuestos, la  gente  tiene  más  capacidad de gasto y al gastar más, la Administración  recauda  más  e invierte  más  en  los  servicios públicos. A  su  vez,  el  consejero  de Presidencia  y  Hacienda  de Murcia,  Javier  Celdrán,  rechazó  que  el  nuevo  modelo que pretende implantar Montero sea “igualitario, equitativo y justo y exigió que no se cuestione  la  capacidad  normativa de las comunidades en materia tributaria”.  “La  bajada  del  tramo  de  la tarifa  autonómica  del  IRPF aprobada  el  pasado  año  en  la Región  alcanzará  a  más  de 300.000 murcianos y va a beneficiar sobre todo a las clases medias”,  destacó  Celdrán, quien remachó: “Creemos que esta política de baja fiscalidad incentiva  la  economía  e  impulsa  el  crecimiento  y  atrae nuevas inversiones, y los datos así lo demuestran”. Después  del  primer  anuncio de Montero el jueves en favor  de  la  armonización,  que aludía  a  Madrid  pero  no  la mencionaba,  la  ministra  no pudo evitar atacar a la comunidad  en  su  última  intervención; “Madrid puede bajar impuestos porque es la capital, lo que le permite tener unos ingresos  que  le  dejan  bajar  los impuestos  con  competencia desleal  con  las  comunidades más desfavorecidas, que necesitan la armonización”, destacó.  Desde  la  comunidad  recuerdan que de los 78.334 millones que se recaudan en Madrid  (datos  de  2017),  sólo  el 22%, 17.470 millones, se transfieren a la región

Armonización fiscal contra el interés general

EditorialLa LlaveSábado 22 febrero 20202ExpansiónE l Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero pretende llevar a cabo una armonización fiscal al alza en todo el territorio español que supone un golpe a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, especialmente la de aquellas que, como Madrid, han optado por rebajar la presión fiscal a sus ciudadanos con el fin de impulsar la actividad. Lo paradójico es que la ministra no quiere que esa armonización vaya encaminada a adoptar el modelo que mejor funciona, sino todo lo contrario. Como responsable de la Hacienda andaluza, Montero provocó que los altos impuestos que impuso a los andaluces redujeran la competitividad y penalizaran la capacidad de crecimiento de esa comunidad autónoma, lo que se tradujo en menor recaudación y en una pérdida de convergencia respecto al resto de España. Sin embargo, el modelo de menor presión fiscal impulsado por la Comunidad de Madrid ha demostrado que no sólo no recauda menos, sino todo lo contrario debido al incremento de la actividad que se genera. Madrid es la prueba evidente de que con menos presión fiscal sobre los ciudadanos y las empresas se puede recaudar más y, por tanto, financiar mejores servicios públicos. Por razones que están evidentemente más cerca de la ideología que de los resultados, Hacienda quiere que el modelo que se extienda a todos las comunidades sea el menos eficiente. Bajo esta decisión subyace la sospecha de que el Gobierno pueda estar utilizando la política fiscal para plantear batallas políticas, queriendo penalizar a aquellas comunidades autónomas que no están en su órbita ideológica, al mismo tiempo que premia a las gobernadas por sus socios parlamentarios, por ejemplo con la cesión al País Vasco de las competencias sobre prisiones o de la gestión económica de las pensiones, que los letrados de la Seguridad Social temen que rompan la caja única y la solidaridad del sistema, por más que el Ejecutivo socialcomunista trate de negarlo. Montero y los barones socialistas han venido acusando a Madrid de practicar dumping fiscal y pretenden ahora intervenir de alguna manera en la sala de máquinas de la economía regional que mejor funciona en España, tanto en términos de creación de empresas como de empleo. Esta absurda e ineficiente intrusión fiscal, que choca de bruces con el federalismo que predica el PSOE, no saldría gratis para el conjunto del país, como alertaron ayer los empresarios. En una economía abierta y global, generalizar en todas las regiones una fiscalidad que penaliza el crecimiento, la inversión y el desarrollo es el camino más corto para la deslocalización de actividades hacia otros países de nuestro entorno que, como Portugal, se han dado cuenta de que la ideología no es buena si no sirve al interés general.

Cuadro Impuesto Patrimonio UE 27 Año 2020

El Impuesto sobre el Patrimonio es una anomalía española, ya que es el único país de la UE que lo mantiene, después de que Francia lo eliminara en 2018. Lo curioso es que fue el propio Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quien lo eliminó en 2008 precisamente por considerarlo anacrónico y fue el mismo Gobierno el que lo recuperó ‘in extremis’ en 2011, cuando ya había convocado elecciones, ante la caída en picado de la economía y las presiones de los mercados. El anuncio se produjo en el momento en el que Zapatero negociaba con el PP la reforma de la Constitución para embridar el déficit. Todos los gobiernos han prorrogado desde entonces un impuesto que recauda 1.000 millones.

650.000 españoles ignorados por el IRPF

Publicado en el diario Expansión del 3 de julio de 2002

«La reforma contenida en las propuestas de este Informe supone una reducción de la carga fiscal para todos sin excepción». Esto concluye el Informe de la Comisión Lagares, documento base del actual proyecto de reforma fiscal. Pues bien: sencillamente, no es cierto. Cerca de 650.000 españoles van a ser ignorados, de nuevo, por la reforma fiscal del Gobierno. Estos españoles son aquellos que pagan un 70% de impuestos sobre sus rentas de trabajo, frente al máximo del 45% que van a pagar sus conciudadanos, y otro 70% de impuestos sobre sus ganancias de capital, frente al 15% que pagarán los demás. Son 650.000 españoles quienes nueve de los doces meses del año trabajan exclusivamente para pagar sus impuestos a Hacienda. La causa es bien conocida: el viejo y anticuado Impuesto sobre el Patrimonio, cuyo gravamen conjunto con el IRPF lleva a que el tipo marginal efectivo en España sea el 70% o más. 

Un millón de españoles (los famosos «cuatro gatos») pagan una media de casi 1.000 euros de Impuesto sobre el Patrimonio cada año; según datos del propio Ministerio de Hacienda, para dos de cada tres de ellos, esto implica pagar al menos un 70% de IRPF. Desde países mucho más avanzados que el nuestro se observa con extrañeza el mantenimiento de un impuesto anticuado, absurdo, obsoleto e injusto mientras tenemos pretensiones de liderazgo y modernidad fiscal en otras áreas. La mera existencia del Impuesto sobre el Patrimonio y del desorbitado límite conjunto muestran que en muchos aspectos seguimos siendo un país fiscalmente atrasado y acomplejado, y que nuestra complacencia sólo puede conducirnos a permanecer estancados mientras los países más dinámicos de nuestro entorno nos dejan atrás. Por ejemplo, Alemania, Holanda, Austria y Dinamarca han abolido el Impuesto sobre el Patrimonio en los últimos años, al darse cuenta que era ridículo tener un impuesto que, con escasísima finalidad recaudatoria, directamente penaliza a aquellos que más ahorran. De los quince países de la Unión Europea, diez no tienen Impuesto sobre el Patrimonio, incluyendo Italia, Reino Unido o Alemania. 

Dentro de estos 650.000 españoles abandonados por el Gobierno hay personas cuyo esfuerzo, dedicación y trabajo duro les ha permitido conseguir un patrimonio importante, imprudencia que en este país se suele perseguir con dureza. Pero también hay muchas personas cuyo problema es la insuficiencia de rentas para poder hacer frente al gravamen sobre su patrimonio aunque éste no sea ni mucho menos elevado, tales como amas de casa, jubilados, etcétera. 

Un gravamen del 70% sobre lo que ganamos no sólo es confiscatorio: es un abuso, una extralimitación de las funciones recaudatorias de cualquier Gobierno moderno y serio del siglo XXI. Introducido hace ya 25 años (¡qué modernos somos!) cuando el máximo tipo marginal de la renta era del 65%, su modificación debería ser en justicia prioritaria cuando ese mismo tipo será del 45%. El Gobierno central, a pesar de las recientes transferencias competenciales a las CCAA, tiene competencias plenas en el límite conjunto de IRPF y Patrimonio. La reforma de mínimos que debería incluirse en la reforma fiscal podría ser la siguiente:

  1. Reducir el límite conjunto al cincuenta por ciento.
  2. Referenciar dicho límite a la parte general de la base imponible, para permitir que las ganancias patrimoniales superiores al año sean efectivamente gravadas al 15%;
  3. Eliminar la obligación de pagar una cuota mínima del Impuesto sobre el Patrimonio, para que jamás pueda superarse el límite absoluto del 50%.

Si es usted uno de estos 650.000 ciudadanos ignorados por el Gobierno, acuérdese cuando marque la casilla correspondiente en la declaración del IRPF: al Gobierno le parece sensacional que usted pague el 70%. Pero aún hay más. Recuerde que el Programa Electoral del PP de 1996 prometía revisar el límite conjunto de IRPF y Patrimonio; recuérdelo y tome buena nota: promesa incumplida. Por segunda vez. Con mayoría absoluta. 

Confiemos en que el Gobierno incluya finalmente la reforma del límite conjunto en su nuevo modelo fiscal. Es una causa justa. Y demostraría así que sabe cumplir lo que promete.

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

Eliminar el Impuesto del Patrimonio

Publicado en el diario Expansión del 4 de febrero de 2004

Hay que eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio. En la UE tan sólo 5 países lo tienen. De ellos, España es, con gran diferencia, el que tiene los tipos impositivos más elevados. Pero es que en el mundo tan sólo siete países lo tienen. En esta lista España también ocupa el último lugar con el Impuesto del Patrimonio más abusivo del mundo. ¿Cómo defender un tipo máximo del 2,5% con tipos de interés del 2%? A estos efectos, ¿cómo defender siquiera un 1% de impuesto de patrimonio con tipos del 2%? Los países más desarrollados se sorprenden de la desventaja competitiva que nuestro país sigue manteniendo voluntariamente con tan injusta, irracional y obsoleta situación. España se ha modernizado en muchas cosas. En ésta seguimos tan atrasados como hace 25 años. Cuando se estableció este impuesto en 1978 se hizo con carácter extraordinario y transitorio con un entorno de tipos de interés del 18%. Para hacernos una idea, una mera puesta al día para adecuarlo al entorno euro llevaría al tipo máximo por debajo del 0,3%. Pero es que los motivos que llevaron a la introducción del Impuesto sobre el Patrimonio ya no existen. En Europa, Alemania, Holanda, Austria y Dinamarca lo han abolido en los últimos años. Japón lo abolió hace mucho. En prácticamente todos los casos se hizo por tres razones principales: primero, se consideró injusto, arbitrario y tremendamente desincentivador del ahorro; era prácticamente irrelevante en cuanto a capacidad recaudatoria; y la Hacienda Pública disponía ya de sistemas de control muy eficientes. 

Ahora que se está hablando tanto de la competitividad de nuestra economía quizá haya que recordar que una de las claves de la generación de riqueza de un país es el ahorro, es decir, la acumulación de patrimonio. Este anacrónico impuesto, de dudosa constitucionalidad, fomenta la congelación del patrimonio y la inactividad inversora, perjudicando los ingresos de la Hacienda Pública en el largo plazo. Porque no olvidemos que la riqueza de un país sólo es la suma de la riqueza de sus ciudadanos. A finales del 2002, un importante estudio de la Lund University concluyó que “existe una fuerte evidencia de que los Impuestos sobre el Patrimonio reducen el crecimiento económico”, después de estudiar 20 países de la OCDE (entre ellos España) durante un período de 20 años (1980-1999). Es difícil ser más claro. 

De lo que nuestros políticos tienen que darse cuenta es que para 650.000 españoles los anuncios de rebaja de IRPF no son relevantes, puesto que seguirán pagando el 60% o más de su renta por culpa del Impuesto del Patrimonio. Quizá por ello, PP, PSOE y CiU han decidido, al parecer, incluir rebajas en los tipos impositivos del Impuesto sobre el Patrimonio por primera vez en la democracia, de tal manera que el tipo máximo sería del 1,25%. En este punto, cabría recordar que los socialistas alemanes están de acuerdo con abolir un Impuesto de Patrimonio del 1%. Hay argumentos sobrados para eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio. ¿A qué esperar?

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

En defensa del consejero dominical

Publicado en el diario Expansión del 3 de enero de 2003

Los consejeros independientes están de moda; los dominicales, por el contrario, no. A los primeros les acompaña un halo de pulcritud y ecuanimidad, mientras que a los segundos les persigue una permanente sombra de sospecha. ¿Resulta adecuada esta etiqueta que ha colocado a unos en primera división y a otros en segunda B? ¿Es justa? 

En la mayor parte de los países occidentales los miembros del Consejo de Administración  pueden ser de dos tipos, internos o externos, en función de si pertenecen o no al equipo directivo de la compañía. En España se introdujo en su momento una complejidad adicional por la que los consejeros externos se catalogaron a su vez en independientes y dominicales, los primeros supuestamente defendiendo los intereses de los accionistas minoritarios y los segundos haciendo lo propio con sus intereses como accionistas significativos. De este modo, se enfrentaron tácitamente y de forma artificial los intereses de ambos, cuando la realidad es que comparten un mismo objetivo esencial: incrementar el valor de su participación en la empresa. 

Siempre que se habla de consejeros dominicales se mencionan potenciales conflictos de interés. como si estos fueran patrimonio único de este tipo de consejeros. ¿Qué ocurre cuando un consejero –dominical, independiente o ejecutivo- tiene relaciones con la empresa como cliente, competidor o proveedor? En primer lugar, esa relación debe ser económicamente mucho más importante que la propia participación accionarial en la empresa para que pueda ser potencialmente perjudicial para la compañía. En segundo lugar, la transparencia suele limitar sustancialmente esa posibilidad. En mi opinión, en la mayor parte de las empresas las deficiencias de gobierno corporativo se concentran en otras cuestiones de muy distinta naturaleza, como por ejemplo la indefinición del papel del Consejo, la insuficiente información relevante recibida por los consejeros e insuficiente debate de estas cuestiones relevantes, los consejeros dependientes de quien les nombra y el temor a expresar abiertamente las opiniones, especialmente cuando puedan ser contrarias a la mayoría. 

La clave del consejero externo es su independencia del equipo gestor. Sin embargo, en nuestro país se ha considerado virtud ser además independiente de los accionistas significativos (lo que ha llevado a algunos al extremo de pedir que se vulnere la ley universal de las mayorías, base de la democracia, pidiendo que aunque haya accionistas mayoritarios, la minoría decida). En realidad, el consejero dominical generalmente reúne importantes cualidades. Puede sentarse en el Consejo de Administración por derecho propio; tiene como objetivo evidente defender y acrecentar el valor de su participación en el capital de la empresa y, por extensión, el de todos los demás accionistas; dota de estabilidad a la compañía sirviendo de apoyo fundamental al equipo directivo en la implementación de una estrategia a largo plazo; y a fin de cuentas, ¿quién puede representar mejor los intereses de los accionistas sino el representante directo de uno de ellos? En el caso de las empresas familiares, además, los consejeros dominicales representan a accionistas que tienen un compromiso extraordinario y permanente con la empresa, con sus clientes y empleados, y con la comunidad a la que sirven. Por cierto, a principios del año 2002 un estudio publicado en este mismo periódico mostraba que de las tres empresas del Ibex-35 con mejores prácticas de buen gobierno, dos eran empresas familiares. 

Los accionistas significativos deben tener una representación en el Consejo de Administración limitada en todo caso a la proporción de su participación en la compañía. Estos accionistas, que se juegan su dinero, velarán para que sus participaciones (y consecuentemente las de todos los accionistas) incrementen su valor a largo plazo, y esta motivación será suficientemente poderosa, no lo duden, para asegurar la cualificación e independencia de criterio de sus representantes en el Consejo. 

Santiago Eguidazu, en su magnífico libro Creación de Valor y Gobierno de la Empresa en España, concluye lo siguiente: “El mejor consejero independiente es, en mi opinión, aquel que tiene o representa un interés accionarial en la sociedad (…). Parece, en consecuencia, que la nueva clase de consejeros a promocionar no debiera ser sólo el independiente de reconocido prestigio sino, sobre todo, el dominical-independiente cuyo exclusivo interés sea maximizar la creación de valor de la sociedad (y consecuentemente de su participación en la misma)”. 

Por lo tanto, en un Consejo equilibrado quizá deberíamos hablar de tres tipos de consejeros, todos ellos de primera división: independientes dominicales, independientes no dominicales y ejecutivos. Parece una clasificación más acorde con la realidad y más justa. Si aún no están convencidos, aquí les dejo un ejemplo: Warren Buffett es consejero dominical en Coca-Cola y en Gillette. Pregúntenle si se considera independiente.

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar