Publicado en el diario Expansión del 2 de diciembre de 2003

El Impuesto sobre el Patrimonio se estableció en 1977 con un carácter excepcional, transitorio y de control para que actuara como fuente de valoración e información unánime para todo el sistema tributario. El texto final ha acabado estableciendo un tipo máximo del 2,5%, en un entorno de tipos de interés que entonces se situaba en el 18% y una inflación muy próxima al 20%. Repetiremos hasta la saciedad que una mera puesta al día de este impuesto, adecuándolo al entorno euro de tipos de interés, nos llevaría a un máximo inferior al 0,3% y a un mínimo del 0,1% con bases en cada tramo cinco veces superiores a las actuales. ¿Cómo justifican nuestros legisladores el disparate de mantener un tipo impositivo máximo del 2,5% sobre el patrimonio con los tipos de interés al 2% y la inflación cerca del 3%? 

Es éste un impuesto abusivo e injusto en muchos aspectos, lo que hace deseable no su puesta al día, sino su abolición. De este modo, dejaríamos de estar atrasados respecto a los países más desarrollados de la Unión Europea y de la OCDE, en los que no existe Impuesto sobre el Patrimonio. 

El tratamiento de los bienes inmuebles es un ejemplo más de este abuso y de ésta injusticia: la Ley vigente establece una fórmula para la valoración de los inmuebles por el mayor de entre el valor catastral, el valor comprobado por la Administración a efectos de otros impuestos y el valor de adquisición o contraprestación. El contribuyente se enfrenta a una inseguridad jurídica muy alta. 

Este tratamiento a los bienes inmuebles permite plantear serias dudas de constitucionalidad al no respetar el principio de igualdad ante la ley. Primero, porque son situaciones comparables, dado que bienes inmuebles idénticos están sujetos a un trato desigual en función del número de transmisiones que hayan sufrido; segundo, porque probablemente también entraría en colisión con el principio de capacidad económica; y  porque no se justifica que existan tres criterios de valoración diferentes en los bienes inmuebles. 

La inadecuada valoración de los bienes inmuebles en el Impuesto sobre el Patrimonio en Alemania llevó a su Tribunal Constitucional a exigir al Gobierno la revisión de este impuesto en el año 1995. No sólo lo abolió el CDU (centro-derecha) en 1997, sino que en 1999 el SPD (socialdemócrata) se opuso a su reintroducción por considerarlo injusto, arbitrario y desincentivador del ahorro, por ser irrelevante su capacidad recaudatoria y por considerar que la Hacienda Pública ya disponía de sistemas de control muy eficientes. 

Parece que estas condiciones también se dan en la España de hoy. Entonces, ¿por qué no ajustarnos al tiempo y entorno en el que vivimos?

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

Publicado en el diario Expansión del 21 de octubre de 2003

España continúa estando a la cola del mundo desarrollado al mantener el Impuesto sobre el Patrimonio. Este anticuado e injusto impuesto es una rareza y allí donde existe está siendo abolido a marchas forzadas. Por ejemplo, en Europa ha sido abolido por cuatro países (incluyendo Alemania) en los últimos cinco años. A finales del 2002, AMEF publicó un estudio en el que se constataba la penosa situación de España en la UE respecto al Impuesto de Sucesiones e Impuesto sobre el Patrimonio. En nuestro país parecía que estábamos en una situación idónea. Como pudo verse, nada más lejos de la realidad: España se situaba en el último lugar de Europa en el tratamiento general de ambos impuestos. Pues bien, esta misma Europa cambiará para siempre dentro de seis meses con la incorporación de diez nuevos países. La Europa de los 15 pasará a ser la Europa de los 25 y a contar con cerca de 460 millones de habitantes. La mayor parte de las incorporaciones provienen del afortunadamente extinto Telón de Acero. Silenciadas durante medio siglo, son naciones que vienen con hambre de bienestar y de reconocimiento de su identidad y lugar en la Historia. Pero no hay que olvidar que provienen de regímenes comunistas. Por eso, en AMEF consideramos imprescindible conocer la realidad de estos países en cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio. ¿Cómo cambiaría el cuadro comparativo de Europa? Aquí lo tienen. Tan sólo cinco de los veinticinco países de la Unión Europea tienen este impuesto y de ellos España es el que sigue sufriendo los tipos más elevados. Mantenemos un tipo máximo de gravamen del 2,5% con unos tipos de interés del 2% y una inflación del 3%. Si esto no es confiscar, esto es, “privar a alguien de sus bienes y aplicarlos al fisco”¿qué es? Desde 1978 los tramos no se han actualizado con la inflación, multiplicando por cuatro el gravamen en términos reales. Seguimos gravando un patrimonio cuya fuente ya ha sido gravada con tipos de hasta el 45%, congelando de este modo el ahorro y la actividad inversora y, desde luego, desalentando al ahorrador. Seguimos, en fin, sin entender que la riqueza de un país no es más que la suma de la riqueza de sus ciudadanos. Rodrigo Rato, en julio de 1994, sí lo entendía: “…Tanto el Impuesto sobre el Patrimonio como el de Sucesiones y Donaciones son Impuestos con un criterio ideológico que no hay que ocultar (…) porque quizá podríamos despejar el debate político y económico si los ciudadanos supieran que esos impuestos no sirven para recaudar más (…). Si los españoles hemos tomado la decisión clara y rotunda de vivir en un Sistema de Economía de Libre Mercado (…), tenemos que comprender que es importante que haya un capitalismo nacional, y que haya una acumulación de éste.” ¿Entonces?

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

Publicado en el diario Expansión del 27 de julio de 2002.

El PP va camino de incumplir, de nuevo, la promesa que hizo en 1996 de revisar el límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Los 650.000 ciudadanos que confiaron en esta promesa para reducir una carga abusiva y confiscatoria que les supone pagar un 70% de su renta a Hacienda se van a hacer muchas preguntas. La primera probablemente sea: ¿qué excusa hay para incumplir una promesa electoral cuando se cuenta con mayoría absoluta?. 

Aportemos datos nuevos. De manera informal y desde hace tiempo, fuentes del PP dicen comprender la injusticia de la situación actual, pero argumentan dificultades de todo tipo para justificar su inacción. Es decir, el partido que gobierna con mayoría absoluta, el mismo que prometió revisar dicho límite en su programa electoral de 1996 y que afirma estar convencido de la necesidad de su reforma, no está dispuesto a proponerla. No sé si estarán esperando que lo proponga otro partido que ni tiene mayoría absoluta, ni lo prometió en su programa electoral ni, quizá, esté convencido.  En fin, dado que todo esto resulta muy extraño, algo falla. Busquemos más pistas para tratar de aclararnos. 

En 1998, Coalición Canaria presentó una enmienda (la número 209) a la Ley de Medidas Fiscales de entonces. Dicha enmienda proponía reducir del 70% al 60% el límite conjunto de IRPF y Patrimonio y referenciarlo a la parte general de la base imponible. La propuesta no incluía la imprescindible eliminación de la obligación de pagar un mínimo del 20% de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio, mínimo que provoca actualmente que el límite conjunto pierda su función de tope máximo de gravamen. Pues bien, a esta tímida pero racional propuesta de un partido serio como Coalición Canaria, el PP se opuso. Han leído bien: el PP votó en contra de reducir el límite conjunto. Ésta es la respuesta dada por el portavoz del Grupo Popular, tal y como recoge el Diario de Sesiones del Senado de 10 de diciembre de 1998: “(…) Lógicamente, la modificación, de haberse incorporado, debió hacerse en el Impuesto sobre la Renta y no en esta ley de medidas. Por tanto, le manifiesto nuestra oposición a esta inclusión”. Que este tema sea despachado con tanta superficialidad resulta muy ilustrativo. Pero ni siquiera la excusa formal está justificada. El artículo sobre el límite conjunto que corresponde modificar pertenece a la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, y no a la Ley del IRPF; por lo tanto, en ausencia de una modificación del Impuesto sobre el Patrimonio (que desde 1977 sólo ha pasado por el Parlamento una vez en 1991), la Ley de Medidas Fiscales era un instrumento idóneo para la reforma, tanto o más que la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Siguiente dato. Éste es un Gobierno fuerte que cuando está convencido de algo, lo hace. Por ejemplo, la reforma del desempleo. Los sindicatos, con el apoyo de la oposición, amenazan con una huelga general (¡huelga general!) si no se retira o negocia la reforma del desempleo. La amenaza se cumple. ¿Cómo responde el Gobierno? Con un decreto-ley. No creo que nadie tema una convocatoria de huelga general por retocar el anticuado y abusivo límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Sin embargo, se emplean los tan manidos y agotados argumentos del miedo político. Esta aparente pusilanimidad no se corresponde con la realidad de muchas actuaciones de este Gobierno en otros temas sobre los que sí está convencido. 

Recapitulemos. Primero, a pesar de manifestar en privado su comprensión con la injusta y confiscatoria situación de 650.000 españoles, el mismo partido que les prometió acabar con ella en 1996 a cambio de su voto no está dispuesto a cumplirlo en la actual reforma fiscal ahora que cuenta con mayoría absoluta. Segundo, la única ocasión en que la reducción del límite conjunto fue propuesta por “otros”, el PP votó en contra, con un pobre argumento formal que se descalifica a sí mismo. Tercero, cuando este Gobierno está convencido de algo, lo hace sin argüir miedos reales o ficticios. Quizá los más benevolentes necesiten un cuarto dato para convencerse; este cuarto dato sería que ni siquiera esta vez el PP modifique en profundidad el límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Si llega ese momento, dentro de unos pocos meses, mucho me temo que ni los más crédulos van a poder concluir otra cosa que la razón por la que el PP no reforma el límite conjunto es bien sencilla: le encanta que siga así. Le encanta que 650.000 españoles paguen un 70% o más de Impuesto sobre su Renta por pertenecer al millón de ciudadanos (de nuevo, los famosos “cuatro gatos”) que pagan un anacrónico Impuesto sobre el Patrimonio que no existe en diez de los quince países de la Unión Europea. Por último, y lo que es peor, le es completamente indiferente que quizá pueda haber 650.000 votantes que confiaron en su promesa hace ya seis años y que ven cómo ahora, con mayoría absoluta, no se cumple. En este caso, si es usted uno de ellos y cumplió su parte del trato en 1996, esto es, votar, tenga bien presente que la otra parte no ha cumplido. 

Si no se reforma el límite conjunto ahora, desde el punto de vista exclusivamente fiscal a 650.000 ciudadanos les resultará indiferente el Gobierno de José Mª Aznar o el de Felipe González: pagarán exactamente la misma barbaridad de impuestos; en este caso, dado que la bandera de la gestión del Gobierno es la reforma fiscal, ¿qué bandera hará ondear para estos 650.000 votantes tan injustamente tratados?

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

Artículo publicado en Expansión del 25 de Noviembre de 2004

Al parecer el Gobierno se plantea la posibilidad de rebajar el tipo máximo del Impuesto sobre el Patrimonio al 0,9% desde el 2,5% actual. Permítanme la ironía: la media en la Europa ampliada es del 0,18%, o sea que conseguiríamos tener un tipo tan sólo cinco veces superior al europeo. ¿Es esto una gran mejora? Es obvio que 0,9% en mejor que 2,5%, pero creemos que lo que debe hacer el Gobierno es abolir de una vez un impuesto obsoleto y confiscatorio que nos coloca, en esta materia, como el país más anticuado de Europa, donde no existe en 20 de los 25 países miembros. Cojamos perspectiva. En España el Gobierno nos quita el dinero por ganar, por gastar, por ahorrar y, aún insatisfecho, también por conservar lo que tenemos. Comienzan con ese gran impuesto encubierto que son las contribuciones a la Seguridad Social, por el que todos vemos (o mejor dicho, no vemos) nuestro sueldo reducido de un plumazo en más de un 30%; enseguida, sobre ese sueldo ya reducido, nos quitan hasta el 45% de lo que quede, mediante el IRPF; y enseguida nos quitan aún más de ese sueldo ya dos veces reducido, en función de a qué lo destinemos: si gastamos, nos lo quitan a través del IVA (16%) y de otros impuestos indirectos (70% en el caso de la gasolina); si no gastamos, nos lo quitan a través de la imposición del ahorro (desde un 15% hasta un 45%). Por último, el Gobierno nos quita nuestro dinero simplemente por conservar lo que tenemos (hasta un 2,5% de nuestro patrimonio al año). Con las Letras del Tesoro al 2,5%, el actual tipo máximo del Impuesto sobre el Patrimonio supone un impuesto sobre la renta teórico del 100%. Esto no es sólo injusto: es absurdo. Si el PSOE cumple su programa electoral de instaurar “un tipo único (…) que guardará consonancia con una rentabilidad real razonable del patrimonio”, tan solo una adecuación al actual entorno euro de tipos de interés llevaría al tipo máximo (cuyo origen es 1978) a un 0,3% hoy. Entonces, ¿qué es esto de reducirlo al 0,9%? ¿O es que sólo se cumple el programa si atrae el voto fácil? Pero es que además, en 1999, los socialistas alemanes estuvieron de acuerdo en abolir el Impuesto sobre el Patrimonio en aquel país, como hicieran antes Holanda, Dinamarca, Austria, etc. ¿Serán sus colegas españoles tan avanzados o seguiremos estando tan anticuados y acomplejados como siempre en nuestras ideas políticas? Cuando en Europa veinte de los veinticinco países que la componen no tienen o han abolido este impuesto, pretender que una tímida reducción de tipos es una medida avanzada no es creíble. Señores del Gobierno: tienen en su mano demostrar una actuación verdaderamente europea, seria, avanzada, y de calado que tanto economistas como notarios, registradores, abogados, empresarios y otros muchos sectores importantes vienen demandando por escrito desde hace años, sin que anteriores gobiernos hicieran nada al respecto. Afecta a un millón de votantes. Y es algo que en Europa ya se ha hecho. ¿Por qué no hacerlo ya en España?

Antonio Barderas Nieto

Director

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF

Artículo publicado en Expansión del 1 de Febrero de 2005

¿Cuál es la principal fortaleza de la empresa familiar? La respuesta es sencilla y clara: su fortaleza reside en la unidad, estabilidad, compromiso y lealtad de sus accionistas, esencia de su condición familiar. Esta unidad no se mantiene en el tiempo si no incidimos en el concepto del accionista voluntario, único que puede comprometerse de verdad, puesto que compromiso libre es una redundancia. Y de esto, de manera lícita, se han dado cuenta muchos asesores y consultores que se vienen interesando por su problemática. Sin embargo, a la sombra de estos, por qué no decirlo, también han aparecido autocalificados “expertos” en la materia que lo utilizan exclusivamente como herramienta de marketing, sin el conocimiento o experiencia que los respalde. Así, han descubierto que el llamado Protocolo Familiar o Pacto de Familia es el instrumento idóneo para convertirse en un miembro más de la familia a efectos de la información inherente a la propiedad. El paso siguiente, tras diversas reuniones individuales y colectivas con los miembros de la familia y los ejecutivos no familiares más relevantes, es proponer un documento con reglas que rijan las relaciones de los propietarios entre sí y con la empresa. Desgraciadamente, en algunos casos el objetivo no es otro que generar una dependencia de la familia respecto al “experto” que le haga insustituible, dotándole de un poder inmenso que no le corresponde y alargando innecesariamente su permanencia en el seno de la familia empresarial, lo que cada vez alimenta más la dependencia de la familia, creándose un círculo vicioso. Como ejemplo de prácticas de dudosa claridad, ahora se quiere añadir la posibilidad de ofrecer a los empresarios llevar al Registro dicho Protocolo para gozar del respaldo legal y de los privilegios que otorgaría la publicidad registral. En nuestra opinión, esto es un disparate. El Protocolo es un proceso que lleva a un documento: es la concreción de un diálogo en buena fe. El documento es el final, no el comienzo: lo importante es el proceso, el diálogo. La familia ha invertido en este proceso, en este diálogo, muchas horas, mucha esperanza y, sobre todo, muchas emociones: sus ilusiones, sus miedos, sus dudas, sus fortalezas y sus debilidades. Este diálogo, para el que se requiere gran valor por parte de todos, es el que el Protocolo ordena y sistematiza, compaginando en fin las legítimas aspiraciones individuales de los miembros de la familia, sus relaciones entre sí y para con la empresa, y las aspiraciones de la familia como unidad colectiva en la propiedad de la empresa familiar. Y ése es el trabajo de cohesión esencial que se debe obtener de un protocolo familiar, tarea que no pueden hacer los consultores o expertos, puesto que el actor principal del Protocolo es la familia. El papel del buen consultor es motivar que los miembros de la familia se expresen sin reservas, ordenar y dirigir el debate hacia objetivos concretos, tratar de evitar acuerdos que sean pan para hoy y hambre para mañana y suavizar, desde su experiencia y conocimientos, los obstáculos que surjan. Entenderán entonces que es contrario a la eficacia del Protocolo que se le dé publicidad alguna, puesto que retraería a los miembros de la familia a la hora de abrirse en cuestiones privadas y propias de cada familia y limitaría enormemente la amplitud de temas que deben tratarse en el mismo. Sin duda, el registro del Protocolo serviría para facilitar su blindaje, restringiría la autonomía de la voluntad de los propietarios, dificultaría su adaptabilidad a los tiempos, limitaría la riqueza de su contenido y de manera muy probable haría crecientemente imprescindibles a consultores y “expertos” añadiendo artificial complejidad (y coste) a tan delicado asunto. En este tema hay que elegir con quién estamos casados: ¿con los empresarios o con los consultores? En AMEF no lo dudamos. 

Antonio Barderas Nieto

Director General de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF

Publicado en la revista Escritura Pública del mes de Julio de 2005

Quiero resaltar dos aspectos que, siendo cruciales para la continuidad de la empresa familiar, no han recibido una atención proporcional a su importancia. El primero es el concepto de accionista libre o voluntario. Es esencial para la continuidad de la empresa familiar la existencia de unos accionistas comprometidos, responsables y satisfechos, es decir, de unos accionistas que estén contentos con el hecho de serlo. Para ello deben haber tomado conscientemente y en absoluta libertad la decisión de permanecer en el capital de la empresa y, en toda lógica, deben poder tener la alternativa de vender en condiciones razonables. Para ello, la empresa familiar debe tener establecidos unos mecanismos de liquidez automáticos, transparentes y conocidos a priori por las partes de tal modo que un accionista que desee vender total o parcialmente sus acciones sepa qué proceso se va a seguir, qué criterios de valoración se van a emplear (lo que le da a priori un rango objetivo de precio estimado) y qué limitaciones puede tener. Este sistema de liquidez debe ser acordado por los socios y debe encontrar un equilibrio entre la legítima voluntad de vender y la protección de la marcha habitual del negocio. Por ejemplo, puede establecerse la obligación de que sea la empresa la que recompre las acciones al accionista vendedor, a un precio basado en un múltiplo de ventas o de beneficios o determinado por expertos independientes, en un plazo máximo de tiempo determinado y con una limitación cuantitativa anual para proteger el negocio de desembolsos demasiados cuantiosos en momentos inconvenientes. El segundo aspecto que querría señalar es el de la necesidad de modernizar nuestro Derecho Civil sucesorio de forma paralela a las mejoras fiscales para facilitar la continuidad y supervivencia de la empresa familiar. Es fácilmente constatable que el derecho común español goza de importantes desventajas respecto a determinados regímenes forales (Cataluña y Aragón, principalmente) y es menos avanzado que el de países muy desarrollados como Alemania, EEUU y Reino Unido (sin mencionar el interesantísimo caso de Méjico). Hay tres aspectos especialmente significativos que facilitarían en gran medida la continuidad de la empresa familiar: la aceptación de pactos sucesorios y de testamentos mancomunados, el desarrollo y ampliación de la figura del fideicomiso incluyendo la aceptación del fideicomiso inter vivos y, por último, la flexibilización del sistema de legítimas, siendo interesante en este aspecto el derecho foral catalán. Esta reforma, que pretende colocarnos como un país moderno en cuanto a Derecho Civil sucesorio, debería tener como guía la libertad y derechos del testador sin perjuicio de que, en nuestra opinión, siempre deba buscar el equilibrio entre cinco fuerzas diferentes, todas ellas importantes: el derecho y libertad del testador; el derecho y libertad de los herederos; las expectativas de los herederos; la responsabilidad social de la empresa; y, por último, la separación entre propiedad y gestión.

Fernando del Pino Calvo-Sotelo

Presidente

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF

En el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados (BOCD) de 23 de Junio de 2005.- Serie D. Núm. 227, pág. 328 figura la siguiente pregunta al Gobierno referida a las empresas familiares que se extrae literal:“Don Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado por Asturias, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito:
¿Va a emprender el Gobierno algunas reformas legislativas en el ámbito civil, mercantil y fiscal que faciliten la creación, mantenimiento y continuidad de las empresas familiares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 2005.-Leopoldo Bertrand de la Riera, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.”

Publicado en la revista El Notario de Julio/Agosto de 2005

No es nada nuevo afirmar que en España hoy la empresa familiar está de moda, sin duda, en justo reconocimiento a su importancia capital en la economía. Quizá por ello, estamos asistiendo a una tendencia regularizadora que ha llevado a que se proponga, y parece que se podría aprobar próximamente, la admisión del registro del Protocolo Familiar con carácter voluntario. 

La prudencia obliga a esperar hasta el estudio a fondo de la propuesta legislativa, pero es sorprendente que precisamente quienes más favorablemente han acogido esta medida no sean los empresarios. Ya sabemos la importancia de la legitimación que requiere cualquier norma jurídica para su implementación. 

Y el problema está en entrar a regular campos que no necesitan ser regulados. El Protocolo Familiar es un proceso que lleva a un documento: es la concreción de un diálogo de buena fe en el que la familia ha puesto muchos esfuerzos, y sobre todo emociones. ¿Creen Vds. que las emociones familiares deben estar recogidas en un Registro? ¿Se calificarán? ¿A quién le interesan los pactos privados de las familias? 

En mi opinión, si el Registro del Protocolo incluye todos estos aspectos, evitará que los miembros de la familia se abran en sus cuestiones privadas, limitando los temas que deben tratarse en el mismo o que directamente las familias no acudan al Registro (reconociendo que alguna parte del Protocolo Familiar, como las cuestiones societarias que pueden afectar a terceros, ya se inscriben sin mayores dificultades). 

Además restringiría la autonomía de la voluntad de las partes, su adaptabilidad a la realidad cambiante de las familias propietarias, añadiría complejidad y coste, en definitiva, impediría la autorregulación tras un diálogo en buena fe, y ése es el motivo esencial para realizar un Protocolo Familiar. 

Porque cuando una familia empresarial hace un Protocolo Familiar está invirtiendo en sentar sus bases de armonía para el futuro, tratando de poner en marcha los mecanismos y sistemas para que las diferencias, que las hay en todas la familias, se solucionen dentro, ya que todos los miembros de la familia deben haber asumido y legitimado previamente las normas que se han dado. ¿Conocen algún caso en el que para resolver las diferencias se haya utilizado la coerción de la Ley? ¿Qué ha quedado de la empresa y de la familia? Probablemente nada. 

Por eso la libertad y la autorregulación deberían ser los principios inspiradores de la legislación sobre la empresa familiar en España. Y en esta línea, algunas de las reformas relevantes que deberían acometerse, todas tendentes a ampliar estos valores, son: la reforma en el derecho civil común aceptándose los pactos sucesorios, el desarrollo de la figura del fideicomiso inter vivos, y por último, flexibilizar el sistema de legítimas. 

De existir un sistema regulatorio amplio, cada familia elegiría aquel camino que le fuera más útil para mantener vivo el Protocolo Familiar. La escritura pública podría ser en mi opinión, un medio suficientemente adecuado para que el notario supervise los posibles inconvenientes, sobre todo en la esfera civil, siempre que la familia requiera sus servicios. 

Si para la inscripción registral del Protocolo Familiar queda el argumento de buscar su obligatoriedad jurídica, la figura que tenemos que utilizar en nuestro derecho civil ya existe en los derechos forales: el pacto sucesorio. Porque aunque el Protocolo Familiar abarca mucho más, en esencia es un pacto sucesorio. Éste sí sería un avance de calado para las empresas familiares españolas, ¿por qué no hacerlo?.

Antonio Barderas Nieto

Director

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF

Publicado en el diario Expansión el 14 de febrero de 2006

Ya abierto el período de información pública sobre el Proyecto de Real Decreto regulador de la publicidad de los protocolos familiares, nos encontramos ante una situación muy similar a la que se describía en estas mismas páginas hace un año aproximadamente. Aquel artículo llamaba la atención de manera somera sobre varias cosas, entre ellas, la dudosa utilidad de otorgarle publicidad registral a esta figura (pues restringiría de facto la libertad de las familias para autoregularse) o los intereses comerciales de grupos de profesionales en torno a la misma. 

El actual proyecto de Real Decreto tiene algunas cuestiones que no se deben pasar por alto. En esencia, la cuestionable utilidad que otorga a un tercero el conocimiento de un conjunto de pactos que, por su propia definición, busca efectos internos y privados. 

Puestos a legislar, es obviamente menos dañino el carácter voluntario de la publicidad, así como la condición, si es inevitable, de mera publicidad noticia de su acceso al registro. Pero mayores reservas merece, en cambio, establecer que algunos aspectos del pacto sean objeto de inscripción propiamente dicha. El principio de numerus clausus del objeto de la inscripción, unido al de su obligatoriedad, suscitan algunas incertidumbres a la vista de la normativa proyectada. Cuando de inscripciones en sentido estricto se trata, resulta muy dudoso que pueda ser cierto el “carácter voluntario” que preside la regulación, según su exposición de motivos. Por ser muy concreto, la voluntariedad de la inscripción es sólo parcial. 

El proyecto otorga legitimación para la inscripción del Protocolo Familiar al órgano de administración. Resulta discutible que el administrador de una sociedad esté legitimado para hacer públicos los pactos de los socios, o de las personas que lo son de otras sociedad pertenecientes al mismo grupo, que pueden legítimamente no desear que el acuerdo se someta a esta publicidad indiscriminada. De persistir esta regulación, se debería someter a la autorización de todas las partes firmantes, no sólo del órgano de administración.

Por ejemplo, el artículo 4 del proyecto dice que: “Mediante inscripción podrán constar en el Registro Mercantil las cláusulas inscribibles contenidas en escritura pública, en ejecución de protocolo familiar y con mención expresa del mismo, que deben reunir los requisitos que exige la legislación vigente para su inscripción”. El primer inciso parece alterar el principio de inscripción obligatoria consagrado en el Código de Comercio y en el Reglamento del Registro Mercantil. La legislación vigente parte de esta obligatoriedad. Si la norma registral indica que un acto o contrato “puede” inscribirse, en nuestro sistema, está ordenando que tal acto, si existe, debe inscribirse, es decir, lo inscribible debe ser inscrito, con independencia o no de que exista un protocolo familiar. 

Por eso la libertad y la autorregulación deberían ser los principios inspiradores de la legislación sobre la empresa familiar en España. Y en esta línea, algunas de las reformas relevantes que deberían acometerse, todas tendentes a ampliar estos valores, son esencialmente: la reforma en el derecho civil común aceptándose los pactos sucesorios, la flexibilización del sistema de legítimas, y por último, el desarrollo de la figura del fideicomiso inter vivos. 

Con estas medidas que se pretenden introducir podríamos asistir a la más que posible desnaturalización del Protocolo familiar y, probablemente, al fomento de la creación de un Protocolo oficial y otro oficioso. Por ello, repetimos que desde la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar somos contrarios a la publicidad registral del Protocolo. ¿Está el legislador convencido de que existe una demanda por parte de la empresa familiar española para cambiar las cosas? Nosotros, desde luego, no la vemos en absoluto. ¿Para qué legislar por legislar? If it ain’t broken, don’t fix it!.

Antonio Barderas Nieto

Director

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF

Publicado en Expansión, 7 de marzo de 2006

Expansión publicaba recientemente una interesante entrevista con el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, en la que éste decía: “La mayor parte de los políticos se declaran liberales pero en la práctica muy pocos de ellos lo son. Es muy difícil para cualquier persona hacer lo que predica y más si uno es un político”. 

En AMEF tenemos como norma defender los intereses de nuestros socios abiertamente y con firmeza sin los “bien quedas” políticamente correctos tan habituales en nuestro país. Pero como lo cortés no quita lo valiente, hoy toca aplaudir públicamente la valentía y coherencia con sus convicciones liberales de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con el apoyo imprescindible de su Consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, al eliminar los Impuestos de Sucesiones y Donaciones. Sin duda se han dado cuenta de una receta bien sencilla que nosotros compartimos: en la medida que los tributos son razonables los agentes económicos están dispuestos a invertir y a arriesgar; en la medida que no lo son la actividad se congela. Metafóricamente, las Administraciones ingresan vía impuestos si la rueda gira; si por culpa de impuestos excesivos la rueda se para, dejan de ingresar. 

Tras la paulatina eliminación del Impuesto de Sucesiones de padres a hijos y entre cónyuges en esta legislatura, que se llevará a término en 2007, ya han implementado la extensión de esta “supresión” a Donaciones (sabiendo las implicaciones que conlleva la donación en el IRPF del donante, aspecto donde actualmente la Comunidad de Madrid no tiene competencias). Así, no sólo todos los ciudadanos de Madrid pagaremos menos impuestos, sino que nuestra región se convertirá en un imán que atraerá empresas que nos proporcionarán puestos de trabajo y riqueza. Se puede afirmar que en este ámbito Madrid se está convirtiendo en una referencia no sólo respecto al resto de autonomías del régimen común en España, sino poco a poco también a nivel mundial. 

En AMEF hemos realizado varios estudios al respecto y hemos dedicado muchas horas de trabajo a esta cuestión. Con base en ello, nos atrevemos a pronosticar que estas medidas atraerán empresarios a nuestra Comunidad, reducirán el paro en la región de forma perceptible, aumentarán la renta per cápita regional y, en el medio plazo, aumentarán también los ingresos fiscales de la Administración autonómica. Creemos que, por encima de las obligadas escaramuzas políticas de cortísimo plazo y escasa relevancia, los dos principales partidos de la región son suficientemente serios y responsables como para comprender que estos pasos benefician al interés general y aumentan la competitividad de la región, preocupación que, nos consta, comparten. Unamos dos datos adicionales: primero, aproximadamente el 65% del superávit de la Seguridad Social en 2005 se ha generado en la Comunidad de Madrid (y, por cierto, sin reivindicaciones, ni protestas, ni aspavientos, ni chiquilladas). Segundo, según datos de la OCDE, los empresarios españoles son, de lejos, los más solidarios de Europa, financiando el 53% del coste de la protección social de los ciudadanos, frente a la media europea del 39%. Las Administraciones sólo financian el 27% de dicha protección social, frente a una media del 36% en la UE 15. El empresario paga sus impuestos. El empresario financia la protección social de los ciudadanos. Y sólo el empresario crea puestos de trabajo. Cuantos más empresarios tengamos en Madrid, mejor: más ingresos tributarios, más cobertura social, más empleo, más riqueza. Vamos por buen camino. 

Por ello resulta por completo incoherente que en la consecución de un Madrid que ya es faro de modernidad impositiva en algunos campos se siga manteniendo el impuesto más hostil al ahorro, más anticuado y anacrónico que tenemos: el Impuesto sobre el Patrimonio. Ahora es posible acometer una reforma justa en este Impuesto obsoleto y disparatado, que sólo existe en cinco países de todo el mundo, que en Europa lo están aboliendo a marchas forzadas la izquierda y la derecha indistintamente y del que en España sufrimos los tipos impositivos más elevados del mundo, con un 2,5% de máximo. Nunca hay que dejar escapar la oportunidad de hacer las cosas cuando se pueden hacer y se está convencido de ello. En estas cuestiones está demostrado que el miedo a las reformas siempre supera a la realidad. Hablaremos con nuestra habitual contundencia de este tema pronto. Mientras tanto, enhorabuena, Presidenta.

Antonio Barderas Nieto

Director

Asociación Madrileña de la Empresa Familiar – AMEF