Ayuso se revuelve contra Montero

La  presidenta  de  la  Comunidad  de  Madrid,  Isabel  Díaz Ayuso,  salió  ayer  en  tromba para  responder  a  los  ataques de  la  ministra  de  Hacienda, María Jesús Montero, a la fiscalidad de Madrid: “Nos van a tener  en  contra:  frente  a  la opresión,  libertad”.  “No  nos vamos  a  quedar  callados,  no nos vamos a quedar quietos”, añadió Ayuso en respuesta a la amenaza de Montero, quien el jueves destacó en el Congreso que quiere “armonizar los impuestos cedidos a las comunidades”, es decir, obligar a Madrid  a  subir  Sucesiones  y  Patrimonio, “contra el dumpingfiscal”, en el marco de la reforma de la financiación autonómica que quiere impulsar, sobre la que quiere tener un borrador  en  otoño.  Se  trató  del primer  aviso  explícito  a  Madrid –blanco de amenazas de Pedro  Sánchez  y  la  propia Montero en la campaña electoral–, desde que el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos llegó al poder. Ayuso se refirió a esta cuestión  antes  de  asistir  ayer  en Madrid a un encuentro informativo  de  Nueva  Economía Fórum con el presidente de la patronal  madrileña  (CEIM), Miguel Garrido, y el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que defendieron  la  política  de  impuestos bajos  de  Madrid  y  alertaron del daño que haría a la economía  obligar  a  Madrid  a  subir impuestos  (ver  información adjunta).  Madrid tiene el PIB más alto de España. Reúne el 85% de la  inversión  extranjera  y  ha pasado de tener la cuarta renta per cápita de España en 1980 a la primera. Ayuso aseguró ayer que responderá a la “opresión” fiscal que considera que el Gobierno central  quiere  imponer  a  los madrileños.  Subrayó  que  lo que está haciendo el Ejecutivo central es “gravísimo”, ya que mientras “le van a dar la Seguridad  Social  al  País  Vasco”  y con  ello  “van  a  romper  la igualdad entre todos los españoles”,  pretenden  imponer “una subida de impuestos a todos los madrileños”.  El Gobierno de Pedro Sánchez tiene “en pie de guerra a las familias, a los ciudadanos y a  los  empresarios”,  advirtió Ayuso, para quien “es una absoluta  vergüenza  lo  que  está pasando,  una  barbaridad.  No se  puede  consentir  que  rompan  el  equilibrio  territorial que nos divide entre comunidades  que  nos  asfixian  fiscalmente, que rompa la autonomía,  la  libertad  de  todos  los ciudadanos”. La  mandataria  madrileña afirmó que los Impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones  son  “anacrónicos”  y  “no  existen  en  otros muchísimos  países”,  ya  que implican que una familia tiene que “volver a pagar” por algo que ya es suyo. Cabe recordar que España es el único país de la UE con un Impuesto sobre el  Patrimonio  (ver  informaciones adjuntas). Por este motivo, indicó que el anuncio de la ministra Montero  supone  que  “pretenden hacer  una  subida  indiscriminada  de  impuestos  a  Madrid rompiendo su autonomía”. La batalla  fiscal  de  la  legislatura cerraba  así  ayer  su  primer asalto  político  de  una  guerra que ha declarado Hacienda a las comunidades del PP con el foco  principal  puesto  en  Madrid  y  que  se  lucha  en  varios frentes, principalmente el político y el jurídico. En  su  primera  comparecencia en el Congreso de la legislatura,  Montero  avisó  el jueves de que el Gobierno propondrá  “armonizar  los  impuestos cedidos a las comunidades”, es decir, Sucesiones y Patrimonio, en el marco de la reforma de la financiación autonómica  que  quiere  impulsar, reforma sobre la que quiere  tener  un  borrador  en  noviembre o incluso, octubre.  La ministra subrayó que esta propuesta tiene por objetivo evitar  la  “competencia  desleal” entre regiones para “atenuar el dumping fiscal”, lo que aseguró que se hará sin afectar a la autonomía fiscal. En principio, esto implica que se obligaría a Madrid y a otras comunidades a subir estos impuestos,  aunque  habría  una  horquilla que les permitiría tener los tipos más bajos posibles del conjunto de las autonomías en el nuevo diseño de estos tributos. El IRPF autonómico no se tocará  en  principio,  aclaró, aunque  no  descartó  que  se coarte  la  autonomía  sobre  el tramo  autonómico  del  IRPF “si  así  lo  quieren  las  comunidades”. Montero  mencionó  también  a  Andalucía  y  a  Murcia, comunidades  que  aseguró que están recaudando menos por haber bajado los impuestos, lo que afirmó que pagan el resto de los españoles. Los datos muestran que la recaudación del IRPF de las comunidades que lo han bajado crece.  Andalucía  y  Murcia  también  respondieron  ayer  a   Montero.  El  consejero  andaluz  de  Presidencia,  Administración  Pública  e  Interior, Elías Bendodo, quiso dejar claro que el Gobierno andaluz no aceptará la “amenaza” de imponer una subida de impuestos.  “Montero  es  el  enemigo público número uno de Andalucía”, sentenció.  Según Bendodo, gracias a la bajada de impuestos y la eliminación  de  Sucesiones  se  ha conseguido  recaudar  más, porque al bajar los impuestos, la  gente  tiene  más  capacidad de gasto y al gastar más, la Administración  recauda  más  e invierte  más  en  los  servicios públicos. A  su  vez,  el  consejero  de Presidencia  y  Hacienda  de Murcia,  Javier  Celdrán,  rechazó  que  el  nuevo  modelo que pretende implantar Montero sea “igualitario, equitativo y justo y exigió que no se cuestione  la  capacidad  normativa de las comunidades en materia tributaria”.  “La  bajada  del  tramo  de  la tarifa  autonómica  del  IRPF aprobada  el  pasado  año  en  la Región  alcanzará  a  más  de 300.000 murcianos y va a beneficiar sobre todo a las clases medias”,  destacó  Celdrán, quien remachó: “Creemos que esta política de baja fiscalidad incentiva  la  economía  e  impulsa  el  crecimiento  y  atrae nuevas inversiones, y los datos así lo demuestran”. Después  del  primer  anuncio de Montero el jueves en favor  de  la  armonización,  que aludía  a  Madrid  pero  no  la mencionaba,  la  ministra  no pudo evitar atacar a la comunidad  en  su  última  intervención; “Madrid puede bajar impuestos porque es la capital, lo que le permite tener unos ingresos  que  le  dejan  bajar  los impuestos  con  competencia desleal  con  las  comunidades más desfavorecidas, que necesitan la armonización”, destacó.  Desde  la  comunidad  recuerdan que de los 78.334 millones que se recaudan en Madrid  (datos  de  2017),  sólo  el 22%, 17.470 millones, se transfieren a la región

Armonización fiscal contra el interés general

EditorialLa LlaveSábado 22 febrero 20202ExpansiónE l Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero pretende llevar a cabo una armonización fiscal al alza en todo el territorio español que supone un golpe a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, especialmente la de aquellas que, como Madrid, han optado por rebajar la presión fiscal a sus ciudadanos con el fin de impulsar la actividad. Lo paradójico es que la ministra no quiere que esa armonización vaya encaminada a adoptar el modelo que mejor funciona, sino todo lo contrario. Como responsable de la Hacienda andaluza, Montero provocó que los altos impuestos que impuso a los andaluces redujeran la competitividad y penalizaran la capacidad de crecimiento de esa comunidad autónoma, lo que se tradujo en menor recaudación y en una pérdida de convergencia respecto al resto de España. Sin embargo, el modelo de menor presión fiscal impulsado por la Comunidad de Madrid ha demostrado que no sólo no recauda menos, sino todo lo contrario debido al incremento de la actividad que se genera. Madrid es la prueba evidente de que con menos presión fiscal sobre los ciudadanos y las empresas se puede recaudar más y, por tanto, financiar mejores servicios públicos. Por razones que están evidentemente más cerca de la ideología que de los resultados, Hacienda quiere que el modelo que se extienda a todos las comunidades sea el menos eficiente. Bajo esta decisión subyace la sospecha de que el Gobierno pueda estar utilizando la política fiscal para plantear batallas políticas, queriendo penalizar a aquellas comunidades autónomas que no están en su órbita ideológica, al mismo tiempo que premia a las gobernadas por sus socios parlamentarios, por ejemplo con la cesión al País Vasco de las competencias sobre prisiones o de la gestión económica de las pensiones, que los letrados de la Seguridad Social temen que rompan la caja única y la solidaridad del sistema, por más que el Ejecutivo socialcomunista trate de negarlo. Montero y los barones socialistas han venido acusando a Madrid de practicar dumping fiscal y pretenden ahora intervenir de alguna manera en la sala de máquinas de la economía regional que mejor funciona en España, tanto en términos de creación de empresas como de empleo. Esta absurda e ineficiente intrusión fiscal, que choca de bruces con el federalismo que predica el PSOE, no saldría gratis para el conjunto del país, como alertaron ayer los empresarios. En una economía abierta y global, generalizar en todas las regiones una fiscalidad que penaliza el crecimiento, la inversión y el desarrollo es el camino más corto para la deslocalización de actividades hacia otros países de nuestro entorno que, como Portugal, se han dado cuenta de que la ideología no es buena si no sirve al interés general.

Cuadro Impuesto Patrimonio UE 27 Año 2020

El Impuesto sobre el Patrimonio es una anomalía española, ya que es el único país de la UE que lo mantiene, después de que Francia lo eliminara en 2018. Lo curioso es que fue el propio Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quien lo eliminó en 2008 precisamente por considerarlo anacrónico y fue el mismo Gobierno el que lo recuperó ‘in extremis’ en 2011, cuando ya había convocado elecciones, ante la caída en picado de la economía y las presiones de los mercados. El anuncio se produjo en el momento en el que Zapatero negociaba con el PP la reforma de la Constitución para embridar el déficit. Todos los gobiernos han prorrogado desde entonces un impuesto que recauda 1.000 millones.

650.000 españoles ignorados por el IRPF

Publicado en el diario Expansión del 3 de julio de 2002

«La reforma contenida en las propuestas de este Informe supone una reducción de la carga fiscal para todos sin excepción». Esto concluye el Informe de la Comisión Lagares, documento base del actual proyecto de reforma fiscal. Pues bien: sencillamente, no es cierto. Cerca de 650.000 españoles van a ser ignorados, de nuevo, por la reforma fiscal del Gobierno. Estos españoles son aquellos que pagan un 70% de impuestos sobre sus rentas de trabajo, frente al máximo del 45% que van a pagar sus conciudadanos, y otro 70% de impuestos sobre sus ganancias de capital, frente al 15% que pagarán los demás. Son 650.000 españoles quienes nueve de los doces meses del año trabajan exclusivamente para pagar sus impuestos a Hacienda. La causa es bien conocida: el viejo y anticuado Impuesto sobre el Patrimonio, cuyo gravamen conjunto con el IRPF lleva a que el tipo marginal efectivo en España sea el 70% o más. 

Un millón de españoles (los famosos «cuatro gatos») pagan una media de casi 1.000 euros de Impuesto sobre el Patrimonio cada año; según datos del propio Ministerio de Hacienda, para dos de cada tres de ellos, esto implica pagar al menos un 70% de IRPF. Desde países mucho más avanzados que el nuestro se observa con extrañeza el mantenimiento de un impuesto anticuado, absurdo, obsoleto e injusto mientras tenemos pretensiones de liderazgo y modernidad fiscal en otras áreas. La mera existencia del Impuesto sobre el Patrimonio y del desorbitado límite conjunto muestran que en muchos aspectos seguimos siendo un país fiscalmente atrasado y acomplejado, y que nuestra complacencia sólo puede conducirnos a permanecer estancados mientras los países más dinámicos de nuestro entorno nos dejan atrás. Por ejemplo, Alemania, Holanda, Austria y Dinamarca han abolido el Impuesto sobre el Patrimonio en los últimos años, al darse cuenta que era ridículo tener un impuesto que, con escasísima finalidad recaudatoria, directamente penaliza a aquellos que más ahorran. De los quince países de la Unión Europea, diez no tienen Impuesto sobre el Patrimonio, incluyendo Italia, Reino Unido o Alemania. 

Dentro de estos 650.000 españoles abandonados por el Gobierno hay personas cuyo esfuerzo, dedicación y trabajo duro les ha permitido conseguir un patrimonio importante, imprudencia que en este país se suele perseguir con dureza. Pero también hay muchas personas cuyo problema es la insuficiencia de rentas para poder hacer frente al gravamen sobre su patrimonio aunque éste no sea ni mucho menos elevado, tales como amas de casa, jubilados, etcétera. 

Un gravamen del 70% sobre lo que ganamos no sólo es confiscatorio: es un abuso, una extralimitación de las funciones recaudatorias de cualquier Gobierno moderno y serio del siglo XXI. Introducido hace ya 25 años (¡qué modernos somos!) cuando el máximo tipo marginal de la renta era del 65%, su modificación debería ser en justicia prioritaria cuando ese mismo tipo será del 45%. El Gobierno central, a pesar de las recientes transferencias competenciales a las CCAA, tiene competencias plenas en el límite conjunto de IRPF y Patrimonio. La reforma de mínimos que debería incluirse en la reforma fiscal podría ser la siguiente:

  1. Reducir el límite conjunto al cincuenta por ciento.
  2. Referenciar dicho límite a la parte general de la base imponible, para permitir que las ganancias patrimoniales superiores al año sean efectivamente gravadas al 15%;
  3. Eliminar la obligación de pagar una cuota mínima del Impuesto sobre el Patrimonio, para que jamás pueda superarse el límite absoluto del 50%.

Si es usted uno de estos 650.000 ciudadanos ignorados por el Gobierno, acuérdese cuando marque la casilla correspondiente en la declaración del IRPF: al Gobierno le parece sensacional que usted pague el 70%. Pero aún hay más. Recuerde que el Programa Electoral del PP de 1996 prometía revisar el límite conjunto de IRPF y Patrimonio; recuérdelo y tome buena nota: promesa incumplida. Por segunda vez. Con mayoría absoluta. 

Confiemos en que el Gobierno incluya finalmente la reforma del límite conjunto en su nuevo modelo fiscal. Es una causa justa. Y demostraría así que sabe cumplir lo que promete.

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

Eliminar el Impuesto del Patrimonio

Publicado en el diario Expansión del 4 de febrero de 2004

Hay que eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio. En la UE tan sólo 5 países lo tienen. De ellos, España es, con gran diferencia, el que tiene los tipos impositivos más elevados. Pero es que en el mundo tan sólo siete países lo tienen. En esta lista España también ocupa el último lugar con el Impuesto del Patrimonio más abusivo del mundo. ¿Cómo defender un tipo máximo del 2,5% con tipos de interés del 2%? A estos efectos, ¿cómo defender siquiera un 1% de impuesto de patrimonio con tipos del 2%? Los países más desarrollados se sorprenden de la desventaja competitiva que nuestro país sigue manteniendo voluntariamente con tan injusta, irracional y obsoleta situación. España se ha modernizado en muchas cosas. En ésta seguimos tan atrasados como hace 25 años. Cuando se estableció este impuesto en 1978 se hizo con carácter extraordinario y transitorio con un entorno de tipos de interés del 18%. Para hacernos una idea, una mera puesta al día para adecuarlo al entorno euro llevaría al tipo máximo por debajo del 0,3%. Pero es que los motivos que llevaron a la introducción del Impuesto sobre el Patrimonio ya no existen. En Europa, Alemania, Holanda, Austria y Dinamarca lo han abolido en los últimos años. Japón lo abolió hace mucho. En prácticamente todos los casos se hizo por tres razones principales: primero, se consideró injusto, arbitrario y tremendamente desincentivador del ahorro; era prácticamente irrelevante en cuanto a capacidad recaudatoria; y la Hacienda Pública disponía ya de sistemas de control muy eficientes. 

Ahora que se está hablando tanto de la competitividad de nuestra economía quizá haya que recordar que una de las claves de la generación de riqueza de un país es el ahorro, es decir, la acumulación de patrimonio. Este anacrónico impuesto, de dudosa constitucionalidad, fomenta la congelación del patrimonio y la inactividad inversora, perjudicando los ingresos de la Hacienda Pública en el largo plazo. Porque no olvidemos que la riqueza de un país sólo es la suma de la riqueza de sus ciudadanos. A finales del 2002, un importante estudio de la Lund University concluyó que “existe una fuerte evidencia de que los Impuestos sobre el Patrimonio reducen el crecimiento económico”, después de estudiar 20 países de la OCDE (entre ellos España) durante un período de 20 años (1980-1999). Es difícil ser más claro. 

De lo que nuestros políticos tienen que darse cuenta es que para 650.000 españoles los anuncios de rebaja de IRPF no son relevantes, puesto que seguirán pagando el 60% o más de su renta por culpa del Impuesto del Patrimonio. Quizá por ello, PP, PSOE y CiU han decidido, al parecer, incluir rebajas en los tipos impositivos del Impuesto sobre el Patrimonio por primera vez en la democracia, de tal manera que el tipo máximo sería del 1,25%. En este punto, cabría recordar que los socialistas alemanes están de acuerdo con abolir un Impuesto de Patrimonio del 1%. Hay argumentos sobrados para eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio. ¿A qué esperar?

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

En defensa del consejero dominical

Publicado en el diario Expansión del 3 de enero de 2003

Los consejeros independientes están de moda; los dominicales, por el contrario, no. A los primeros les acompaña un halo de pulcritud y ecuanimidad, mientras que a los segundos les persigue una permanente sombra de sospecha. ¿Resulta adecuada esta etiqueta que ha colocado a unos en primera división y a otros en segunda B? ¿Es justa? 

En la mayor parte de los países occidentales los miembros del Consejo de Administración  pueden ser de dos tipos, internos o externos, en función de si pertenecen o no al equipo directivo de la compañía. En España se introdujo en su momento una complejidad adicional por la que los consejeros externos se catalogaron a su vez en independientes y dominicales, los primeros supuestamente defendiendo los intereses de los accionistas minoritarios y los segundos haciendo lo propio con sus intereses como accionistas significativos. De este modo, se enfrentaron tácitamente y de forma artificial los intereses de ambos, cuando la realidad es que comparten un mismo objetivo esencial: incrementar el valor de su participación en la empresa. 

Siempre que se habla de consejeros dominicales se mencionan potenciales conflictos de interés. como si estos fueran patrimonio único de este tipo de consejeros. ¿Qué ocurre cuando un consejero –dominical, independiente o ejecutivo- tiene relaciones con la empresa como cliente, competidor o proveedor? En primer lugar, esa relación debe ser económicamente mucho más importante que la propia participación accionarial en la empresa para que pueda ser potencialmente perjudicial para la compañía. En segundo lugar, la transparencia suele limitar sustancialmente esa posibilidad. En mi opinión, en la mayor parte de las empresas las deficiencias de gobierno corporativo se concentran en otras cuestiones de muy distinta naturaleza, como por ejemplo la indefinición del papel del Consejo, la insuficiente información relevante recibida por los consejeros e insuficiente debate de estas cuestiones relevantes, los consejeros dependientes de quien les nombra y el temor a expresar abiertamente las opiniones, especialmente cuando puedan ser contrarias a la mayoría. 

La clave del consejero externo es su independencia del equipo gestor. Sin embargo, en nuestro país se ha considerado virtud ser además independiente de los accionistas significativos (lo que ha llevado a algunos al extremo de pedir que se vulnere la ley universal de las mayorías, base de la democracia, pidiendo que aunque haya accionistas mayoritarios, la minoría decida). En realidad, el consejero dominical generalmente reúne importantes cualidades. Puede sentarse en el Consejo de Administración por derecho propio; tiene como objetivo evidente defender y acrecentar el valor de su participación en el capital de la empresa y, por extensión, el de todos los demás accionistas; dota de estabilidad a la compañía sirviendo de apoyo fundamental al equipo directivo en la implementación de una estrategia a largo plazo; y a fin de cuentas, ¿quién puede representar mejor los intereses de los accionistas sino el representante directo de uno de ellos? En el caso de las empresas familiares, además, los consejeros dominicales representan a accionistas que tienen un compromiso extraordinario y permanente con la empresa, con sus clientes y empleados, y con la comunidad a la que sirven. Por cierto, a principios del año 2002 un estudio publicado en este mismo periódico mostraba que de las tres empresas del Ibex-35 con mejores prácticas de buen gobierno, dos eran empresas familiares. 

Los accionistas significativos deben tener una representación en el Consejo de Administración limitada en todo caso a la proporción de su participación en la compañía. Estos accionistas, que se juegan su dinero, velarán para que sus participaciones (y consecuentemente las de todos los accionistas) incrementen su valor a largo plazo, y esta motivación será suficientemente poderosa, no lo duden, para asegurar la cualificación e independencia de criterio de sus representantes en el Consejo. 

Santiago Eguidazu, en su magnífico libro Creación de Valor y Gobierno de la Empresa en España, concluye lo siguiente: “El mejor consejero independiente es, en mi opinión, aquel que tiene o representa un interés accionarial en la sociedad (…). Parece, en consecuencia, que la nueva clase de consejeros a promocionar no debiera ser sólo el independiente de reconocido prestigio sino, sobre todo, el dominical-independiente cuyo exclusivo interés sea maximizar la creación de valor de la sociedad (y consecuentemente de su participación en la misma)”. 

Por lo tanto, en un Consejo equilibrado quizá deberíamos hablar de tres tipos de consejeros, todos ellos de primera división: independientes dominicales, independientes no dominicales y ejecutivos. Parece una clasificación más acorde con la realidad y más justa. Si aún no están convencidos, aquí les dejo un ejemplo: Warren Buffett es consejero dominical en Coca-Cola y en Gillette. Pregúntenle si se considera independiente.

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

Impuestro sobre Patrimonio e Inmuebles

Publicado en el diario Expansión del 2 de diciembre de 2003

El Impuesto sobre el Patrimonio se estableció en 1977 con un carácter excepcional, transitorio y de control para que actuara como fuente de valoración e información unánime para todo el sistema tributario. El texto final ha acabado estableciendo un tipo máximo del 2,5%, en un entorno de tipos de interés que entonces se situaba en el 18% y una inflación muy próxima al 20%. Repetiremos hasta la saciedad que una mera puesta al día de este impuesto, adecuándolo al entorno euro de tipos de interés, nos llevaría a un máximo inferior al 0,3% y a un mínimo del 0,1% con bases en cada tramo cinco veces superiores a las actuales. ¿Cómo justifican nuestros legisladores el disparate de mantener un tipo impositivo máximo del 2,5% sobre el patrimonio con los tipos de interés al 2% y la inflación cerca del 3%? 

Es éste un impuesto abusivo e injusto en muchos aspectos, lo que hace deseable no su puesta al día, sino su abolición. De este modo, dejaríamos de estar atrasados respecto a los países más desarrollados de la Unión Europea y de la OCDE, en los que no existe Impuesto sobre el Patrimonio. 

El tratamiento de los bienes inmuebles es un ejemplo más de este abuso y de ésta injusticia: la Ley vigente establece una fórmula para la valoración de los inmuebles por el mayor de entre el valor catastral, el valor comprobado por la Administración a efectos de otros impuestos y el valor de adquisición o contraprestación. El contribuyente se enfrenta a una inseguridad jurídica muy alta. 

Este tratamiento a los bienes inmuebles permite plantear serias dudas de constitucionalidad al no respetar el principio de igualdad ante la ley. Primero, porque son situaciones comparables, dado que bienes inmuebles idénticos están sujetos a un trato desigual en función del número de transmisiones que hayan sufrido; segundo, porque probablemente también entraría en colisión con el principio de capacidad económica; y  porque no se justifica que existan tres criterios de valoración diferentes en los bienes inmuebles. 

La inadecuada valoración de los bienes inmuebles en el Impuesto sobre el Patrimonio en Alemania llevó a su Tribunal Constitucional a exigir al Gobierno la revisión de este impuesto en el año 1995. No sólo lo abolió el CDU (centro-derecha) en 1997, sino que en 1999 el SPD (socialdemócrata) se opuso a su reintroducción por considerarlo injusto, arbitrario y desincentivador del ahorro, por ser irrelevante su capacidad recaudatoria y por considerar que la Hacienda Pública ya disponía de sistemas de control muy eficientes. 

Parece que estas condiciones también se dan en la España de hoy. Entonces, ¿por qué no ajustarnos al tiempo y entorno en el que vivimos?

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

Impuestro sobre el Patrimonio: ¿seguimos igual?

Publicado en el diario Expansión del 21 de octubre de 2003

España continúa estando a la cola del mundo desarrollado al mantener el Impuesto sobre el Patrimonio. Este anticuado e injusto impuesto es una rareza y allí donde existe está siendo abolido a marchas forzadas. Por ejemplo, en Europa ha sido abolido por cuatro países (incluyendo Alemania) en los últimos cinco años. A finales del 2002, AMEF publicó un estudio en el que se constataba la penosa situación de España en la UE respecto al Impuesto de Sucesiones e Impuesto sobre el Patrimonio. En nuestro país parecía que estábamos en una situación idónea. Como pudo verse, nada más lejos de la realidad: España se situaba en el último lugar de Europa en el tratamiento general de ambos impuestos. Pues bien, esta misma Europa cambiará para siempre dentro de seis meses con la incorporación de diez nuevos países. La Europa de los 15 pasará a ser la Europa de los 25 y a contar con cerca de 460 millones de habitantes. La mayor parte de las incorporaciones provienen del afortunadamente extinto Telón de Acero. Silenciadas durante medio siglo, son naciones que vienen con hambre de bienestar y de reconocimiento de su identidad y lugar en la Historia. Pero no hay que olvidar que provienen de regímenes comunistas. Por eso, en AMEF consideramos imprescindible conocer la realidad de estos países en cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio. ¿Cómo cambiaría el cuadro comparativo de Europa? Aquí lo tienen. Tan sólo cinco de los veinticinco países de la Unión Europea tienen este impuesto y de ellos España es el que sigue sufriendo los tipos más elevados. Mantenemos un tipo máximo de gravamen del 2,5% con unos tipos de interés del 2% y una inflación del 3%. Si esto no es confiscar, esto es, “privar a alguien de sus bienes y aplicarlos al fisco”¿qué es? Desde 1978 los tramos no se han actualizado con la inflación, multiplicando por cuatro el gravamen en términos reales. Seguimos gravando un patrimonio cuya fuente ya ha sido gravada con tipos de hasta el 45%, congelando de este modo el ahorro y la actividad inversora y, desde luego, desalentando al ahorrador. Seguimos, en fin, sin entender que la riqueza de un país no es más que la suma de la riqueza de sus ciudadanos. Rodrigo Rato, en julio de 1994, sí lo entendía: “…Tanto el Impuesto sobre el Patrimonio como el de Sucesiones y Donaciones son Impuestos con un criterio ideológico que no hay que ocultar (…) porque quizá podríamos despejar el debate político y económico si los ciudadanos supieran que esos impuestos no sirven para recaudar más (…). Si los españoles hemos tomado la decisión clara y rotunda de vivir en un Sistema de Economía de Libre Mercado (…), tenemos que comprender que es importante que haya un capitalismo nacional, y que haya una acumulación de éste.” ¿Entonces?

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

IRPF-Patrimonio: ¿el gobierno incumple?

Publicado en el diario Expansión del 27 de julio de 2002.

El PP va camino de incumplir, de nuevo, la promesa que hizo en 1996 de revisar el límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Los 650.000 ciudadanos que confiaron en esta promesa para reducir una carga abusiva y confiscatoria que les supone pagar un 70% de su renta a Hacienda se van a hacer muchas preguntas. La primera probablemente sea: ¿qué excusa hay para incumplir una promesa electoral cuando se cuenta con mayoría absoluta?. 

Aportemos datos nuevos. De manera informal y desde hace tiempo, fuentes del PP dicen comprender la injusticia de la situación actual, pero argumentan dificultades de todo tipo para justificar su inacción. Es decir, el partido que gobierna con mayoría absoluta, el mismo que prometió revisar dicho límite en su programa electoral de 1996 y que afirma estar convencido de la necesidad de su reforma, no está dispuesto a proponerla. No sé si estarán esperando que lo proponga otro partido que ni tiene mayoría absoluta, ni lo prometió en su programa electoral ni, quizá, esté convencido.  En fin, dado que todo esto resulta muy extraño, algo falla. Busquemos más pistas para tratar de aclararnos. 

En 1998, Coalición Canaria presentó una enmienda (la número 209) a la Ley de Medidas Fiscales de entonces. Dicha enmienda proponía reducir del 70% al 60% el límite conjunto de IRPF y Patrimonio y referenciarlo a la parte general de la base imponible. La propuesta no incluía la imprescindible eliminación de la obligación de pagar un mínimo del 20% de la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio, mínimo que provoca actualmente que el límite conjunto pierda su función de tope máximo de gravamen. Pues bien, a esta tímida pero racional propuesta de un partido serio como Coalición Canaria, el PP se opuso. Han leído bien: el PP votó en contra de reducir el límite conjunto. Ésta es la respuesta dada por el portavoz del Grupo Popular, tal y como recoge el Diario de Sesiones del Senado de 10 de diciembre de 1998: “(…) Lógicamente, la modificación, de haberse incorporado, debió hacerse en el Impuesto sobre la Renta y no en esta ley de medidas. Por tanto, le manifiesto nuestra oposición a esta inclusión”. Que este tema sea despachado con tanta superficialidad resulta muy ilustrativo. Pero ni siquiera la excusa formal está justificada. El artículo sobre el límite conjunto que corresponde modificar pertenece a la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, y no a la Ley del IRPF; por lo tanto, en ausencia de una modificación del Impuesto sobre el Patrimonio (que desde 1977 sólo ha pasado por el Parlamento una vez en 1991), la Ley de Medidas Fiscales era un instrumento idóneo para la reforma, tanto o más que la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Siguiente dato. Éste es un Gobierno fuerte que cuando está convencido de algo, lo hace. Por ejemplo, la reforma del desempleo. Los sindicatos, con el apoyo de la oposición, amenazan con una huelga general (¡huelga general!) si no se retira o negocia la reforma del desempleo. La amenaza se cumple. ¿Cómo responde el Gobierno? Con un decreto-ley. No creo que nadie tema una convocatoria de huelga general por retocar el anticuado y abusivo límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Sin embargo, se emplean los tan manidos y agotados argumentos del miedo político. Esta aparente pusilanimidad no se corresponde con la realidad de muchas actuaciones de este Gobierno en otros temas sobre los que sí está convencido. 

Recapitulemos. Primero, a pesar de manifestar en privado su comprensión con la injusta y confiscatoria situación de 650.000 españoles, el mismo partido que les prometió acabar con ella en 1996 a cambio de su voto no está dispuesto a cumplirlo en la actual reforma fiscal ahora que cuenta con mayoría absoluta. Segundo, la única ocasión en que la reducción del límite conjunto fue propuesta por “otros”, el PP votó en contra, con un pobre argumento formal que se descalifica a sí mismo. Tercero, cuando este Gobierno está convencido de algo, lo hace sin argüir miedos reales o ficticios. Quizá los más benevolentes necesiten un cuarto dato para convencerse; este cuarto dato sería que ni siquiera esta vez el PP modifique en profundidad el límite conjunto de IRPF y Patrimonio. Si llega ese momento, dentro de unos pocos meses, mucho me temo que ni los más crédulos van a poder concluir otra cosa que la razón por la que el PP no reforma el límite conjunto es bien sencilla: le encanta que siga así. Le encanta que 650.000 españoles paguen un 70% o más de Impuesto sobre su Renta por pertenecer al millón de ciudadanos (de nuevo, los famosos “cuatro gatos”) que pagan un anacrónico Impuesto sobre el Patrimonio que no existe en diez de los quince países de la Unión Europea. Por último, y lo que es peor, le es completamente indiferente que quizá pueda haber 650.000 votantes que confiaron en su promesa hace ya seis años y que ven cómo ahora, con mayoría absoluta, no se cumple. En este caso, si es usted uno de ellos y cumplió su parte del trato en 1996, esto es, votar, tenga bien presente que la otra parte no ha cumplido. 

Si no se reforma el límite conjunto ahora, desde el punto de vista exclusivamente fiscal a 650.000 ciudadanos les resultará indiferente el Gobierno de José Mª Aznar o el de Felipe González: pagarán exactamente la misma barbaridad de impuestos; en este caso, dado que la bandera de la gestión del Gobierno es la reforma fiscal, ¿qué bandera hará ondear para estos 650.000 votantes tan injustamente tratados?

Antonio Barderas Nieto

Director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

Valoración y Compraventa de Acciones en la Empresa Familiar

¿Por qué tenemos siempre problemas con la política de dividendos cuando lo que necesita esta empresa para su crecimiento es la reinversión de sus beneficios? ¿No sería mejor que los que quisieran liquidez o no estuvieran de acuerdo con la estrategia impulsada por la mayoría del capital pudieran vender sus acciones? A estas preocupaciones, que pueden llegar a ser periódicamente usuales en la empresa familiar, cabe responder con otra pregunta: ¿Por qué tener accionistas descontentos?

Desde AMEF siempre hemos considerado esencial para la pervivencia y crecimiento de la empresa familiar un concepto muy sencillo: el accionista voluntario. La unión, estabilidad y compromiso de los accionistas de la empresa familiar es una condición sine qua non para su éxito. Sin embargo, la profesionalización de la gestión o la elección de un sucesor idóneo han tenido tradicionalmente más protagonismo en la temática de la empresa familiar que la gestión del accionista. Se ha dado por sentado que los accionistas de la empresa familiar de generaciones sucesivas comprenden y apoyan a la empresa familiar y están dispuestos a mantener invertido la mayor parte de su patrimonio en ella durante toda su vida tal y como hizo la generación precedente. La realidad muestra que en muchas ocasiones esto no es así. No puede haber compromiso profundo sin libertad de elección. El fundador eligió libremente la creación de una empresa y su permanencia en ella, y los herederos tienen que tener también esa libertad. Compromiso voluntario es una redundancia. El compromiso debe provenir de una decisión, y para que haya una decisión debe haber libertad de elección de una alternativa equivalente y factible.

Esta alternativa es la venta de acciones de la empresa familiar. Para que sea equivalente, debe obtenerse una valoración objetiva y justa del negocio que sea aceptada por ambas partes. Para que sea factible, debe acordarse de antemano el procedimiento para que dicha venta se produzca. Aquí la clave está en la automatización del proceso y en su transparencia, de tal manera que todos los accionistas de la empresa familiar conozcan en cada momento cuánto valen sus acciones, cuántas y cómo las pueden vender, y en qué período de tiempo.

En este proceso de liquidez hay que buscar un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. El sistema que se implemente debe facilitar la salida del accionista vendedor sin comprometer la situación de la empresa, esto es, de los accionistas que permanecen.

Este nuevo trabajo de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar no trata de dar todas las respuestas a un tema tan amplio. Trata modestamente de aportar alguna luz y, sobre  todo, de abrir un debate que hasta el momento no ha sido tratado con la profundidad debida en nuestro país. Y, por ende, trata de desdramatizar lo que podríamos llamar «la última opción».

El estudio consta de tres capítulos bien diferenciados: valoración de acciones, proceso de compraventa de acciones y cuestiones fiscales y mercantiles. AMEF ha contado en esta ocasión con sendos colaboradores del máximo prestigio: American Appraisal, líder mundial en valoración de empresas y con dedicación exclusiva a este campo; Nmás1, empresa formada por un reconocido equipo que ha realizado en los últimos años más de 400 transacciones de compra o venta de empresas y otras operaciones corporativas, la mayoría de ellas con empresas familiares españolas; por último, el despacho de abogados Garrigues – Abogados y Asesores Tributarios, cuyo liderazgo en España en el asesoramiento jurídico y fiscal ha permitido desarrollar una especial sensibilidad y compromiso con la empresa familiar.

Confiamos en que este trabajo contribuya a reflexionar sobre un tema imprescindible para la continuidad de la empresa familiar como fuente de riqueza y empleo en nuestra sociedad y como fuente de cohesión entre las distintas generaciones de cada familia.